Zamora es la provincia que menos quejas ha registrado ante el Procurador del Común en lo que va de año, según las estadísticas del defensor de los ciudadanos castellanos y leoneses. De las 3.772 reclamaciones registradas en toda la comunidad, tan solo 36 llegaron desde la provincia de Zamora. A la cabeza de Castilla y León se encuentra Palencia, donde se han presentado 1.546 quejas. En estas estadísticas provisionales destaca que las cuestiones más habituales por las que se han quejado los ciudadanos es en materia educativa, en el que las quejas suponen un 51% del total. A mucha distancia le sigan las reclamaciones por temas derivados de Fomento, con un 10% y las cuestiones sin determinar que ascienden a un 9%. El resto de las reclamaciones se reparten entre la función pública, la cultura, la familia, la sanidad, la justicia o Hacienda, entre otros.

En el caso del informe del pasado año, las quejas educativas fueron sobre todo por los servicios de comedor y transporte escolar en el caso de las enseñanzas no universitarias. En el caso de los temas relacionados con las universidades de la región, las reclamaciones durante el pasado año fueron en su mayoría sobre las becas y ayudas al estudio.

Pleno reinvindicativo

Estas estadísticas coinciden con la presentación del informe del Procurador de Común del año 2014 dado ayer a conocer por Javier Amoedo ante el pleno de las Cortes de Castilla y León. En su presentación ante el parlamento, Amoedo solicitó una nueva reforma de la ley refundida de la renta garantizada de ciudadanía para que sea compatible con cualquier prestación de una administración pública y se agilicen los plazos para no dejar sin protección a los posibles beneficiarios durante un periodo de seis meses, según informó la agencia Ical. En el pleno monográfico dedicado al Procurador del Común, Amoedo sentenció que la reforma realizada, que afectó a poder compensar con la renta un subsidio por desempleo inferior a la cuantía de ésta, es "insuficiente" y reclamó una revisión más en profundidad del texto. Según el defensor de los ciudadanos de la Comunidad, cualquier ciudadano que tenga reconocida una prestación contributiva o no contributiva con cargo a una administración pública de cuantía inferior a la renta debe poder compatibilizarla con esta ayuda de la Junta. En este sentido y a colación de la presentación del informa anual del defensor de los ciudadanos en Castilla y León, el Grupo de Podemos en las Cortes de Castilla y León planteará una reforma de la ley reguladora del Procurador del Común para asegurar un mayor control y evitar que las instituciones, tanto la autonómica como la local y provincial, "desatiendan" las resoluciones del alto comisionado parlamentario.