Montoro, Rajoy, la Troika y los recortes estuvieron más que presentes en el Pleno celebrado ayer en la Diputación Provincial, en los reproches que PSOE e IU lanzaron al equipo de Gobierno del PP. El primero para cuestionar el acuerdo bianual, 2015-2016, de cofinanciación de los Servicios Sociales con la Junta de Castilla y León, que será la competente a partir de enero, tachado de "caduco e irreal", puesto que la institución provincial no podrá gestionarlo y deberá exigir al Gobierno regional la reversión del 100% del coste. El segundo, por los presupuestos de 2016 que reducen la inversión, denuncia IU, "el gasto en las personas en favor del pago de la deuda", con 61,6 millones previstos en este apartado.

A partir de estos argumentos en ambos puntos, los dos grupos de la oposición instaron al PP a exigir al Gobierno la retirada de la Ley Montoro para evitar el perjuicio a los más desfavorecidos, a los dependientes, y a la autonomía municipal en la gestión, que se ve limitada de forma importante. El avance del presupuesto de la Diputación Provincial para 2016, en cumplimiento de esa Ley, llevó a la portavoz del IU, Laura Rivera, a reprochar al PP que "la prioridad sea el pago a los bancos", en sintonía con las exigencias del Gobierno central, de "Montoro, Rajoy y de la Troika", lo que explicaría el descenso las inversiones y del gasto en 12 millones. El vicepresidente del PP en la institución, Aurelio Tomás, destacó el compromiso ineludible de zanjar los préstamos. Tomás, que negó el descenso en inversiones y se refirió al gasto en carreteras, apuntó que la deuda es "de hace ocho o seis años, cuando no había ni Montoro, ni Troika. ¿Propone que nos rebelemos y paguemos a los bancos lo pedido para inversiones?", preguntó a Rivera con cierta indignación. Mientras, replicaba que "yo no sé si los presupuestos van para las máquinas o para animales: se podrá discrepar, pero la totalidad del presupuesto va para las personas". Rivera insistió en que "nosotros votamos por las personas antes que por los bancos" para rechazar unas cuentas que prevén unos ingresos de 63,9 millones, dos más que en 2015.

En cuanto al acuerdo marco con la Junta para cofinanciar los servicios sociales, tanto PSOE como IU lo rechazaron basándose en los informes de los técnicos de la institución provincial, que advierten de que se aprueban cuando las competencias dejan de ser provinciales en diciembre. El diputado del PSOE, Eduardo Folgado, resaltó que es "caduco porque tiene fecha de inicio en enero de 2015, estamos en septiembre y caduca en diciembre gracias a la Ley Montoro", puesto que, aunque tiene vigencia durante 2016, la competencia será ya de la Junta, como indica la interventora. Folgado lo tildó también de "irreal porque los dependientes tendrán más necesidades el próximo año" y el convenio ni las valora ni las refleja, por lo que reivindicó "un plan" que evalúe las mismas año a año y aumente el gasto para dar mayor prestación. Tomás resaltó la amplia cobertura a dependientes y defendió la Ley Montoro que ha acotado las competencias institucionales.