La Diputación destinará 61,6 millones a gasto en 2016, 12 menos que en este año

Los votos del PP rechazan la moción socialista para instar a la Junta a financiar el tratamiento de Sara Gato

04.09.2015 | 17:39
La Diputación destinará 61,6 millones a gasto en 2016, 12 menos que en este año

La Ley Montoro, los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy y las exigencias de la Troika presidieron buena parte del Pleno de la Diputación Provincial, en el que PSOE e IU aprovecharon el debate de los puntos sobre gastos en Servicios Sociales y presupuestos para exigir al Gobierno provincial del PP que reivindique la retirada de la misma por perjudicar tanto la autonomía de los municipios y de la institución como a los ciudadanos más desfavorecidos y a los dependientes, máxime en una provincia especialmente envejecida como Zamora. Así, el avance de los presupuestos de la Diputación Provincial para 2016 enzarzó al vicepresidente de la institución, Aurelio Tomás, y a la portavoz del IU, Laura Rivera, en el Pleno que echó en cara al PP que "la prioridad sea el pago a los bancos antes que la atención a las personas", en sintonía con las exigencias del Gobierno central, de "Montoro, Rajoy y de la Troika", lo que explicaría el descenso en 12 millones en el gasto, a lo que el vicepresidente del PP Aurelio Tomás replicó con el compromiso ineludible de afrontar el abono de los préstamos solicitados y con datos sobre inversiones en carreteras. Tomás subrayó que la deuda con los bancos es "de hace ocho o seis años, cuando no había ni Montoro, ni Troika", ¿propone que nos rebelemos y paguemos a los bancos lo pedido para inversiones?", preguntó el vicepresidente a Rivera con cierta indignación mientras destacaba que "la totalidad del presupuesto va para las personas" para replicar a las críticas de IU, cuya portavoz puso de manifiesto que "nosotros votamos por las personas antes que por los bancos" para justificar su rechazo a ese presupuesto.
Las líneas generales del presupuesto para 2016, aprobadas con los votos del PP para cumplir con la denominada Ley Montoro, cuya retirada volvieron a exigir el PSOE e IU, recogen una reducción del gasto en 12 millones de euros, a pesar de que los ingresos suman dos millones más, de modo que el montante global de esta última partida será de 63,9 millones y la otra de 61,6 millones, según los datos indicados por Laura Rivera durante su intervención.
Otro punto que suscitó el debate fue la aprobación del acuerdo marco con la Junta de Castilla y León para cofinanciar los servicios sociales de la provincia para 2015-2016, punto que tanto PSOE como IU rechazaron basándose en los informes de los técnicos de la Diputación, que advierten de que la vigencia del acuerdo alcanza la anualidad próxima, cuando a partir de enero las competencias pasan a la Junta. Se trata de un acuerdo "caduco según la interventora porque gracias a su Ley Montoro en diciembre no tendrá validez", advirtió el diputado socialista Folgado , que lo tildó también de "irreal porque los dependientes tendrán más necesidades el próximo año" que no se valoran en dicho acuerdo. El socialista pidió "un plan" en el que las partidas se establezcan año a año en función del incremento de las necesidades de los usuarios.

Sara Gato

Por otro lado, los 13 votos del grupo del PP dejaron fuera la moción del PSOE para que desde la Diputación se inste a la Junta de Castilla y León a que financie el tratamiento de la hormona del crecimiento de la niña zamorana Sara Gato, dado su elevado coste, 30.000 euros, ya que "está incluido" por el Insalud y puede ser prescrito por los servicios sanitarios sin necesidad de ser aprobada por el Comité Asesor para la Hormona del crecimiento. El diputado socialista Eduardo Folgado mencionó sentencias que obligan al Sacyl a asumir el coste de ese medicamento para la institución exija el pago del tratamiento y recordó que fue la jefa del servicio de endocrinología infantil la que lo prescribió y que continúa haciendo el seguimiento a Sara Gato, cuya familia costea el medicamento gracias a la ayuda de sus allegados y amigos. Folgado apelaba a la Constitución para rechazar que se tenga que recurrir a la "beneficencia propia de otros tiempos" para cubrir el derecho a la salud, como en este caso. El diputado socialista pidió que se inste a la Junta a garantizar dicha medicina cuando sea necesaria, sin que las familias afectadas tengan que exigirlo.
Finalmente, se aprobó la modificación del Reglamento de Funcionamiento de la institución para ampliar la representación de los grupos políticos en las comisiones, en concreto, los del PSOE que reclamaban mantener los dos integrantes que al inicio de este mandato se redujeron a un solo diputado socialista. El acuerdo da respuesta al recurso del PSOE presentado en ese sentido.

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