Poco más de la cuarta parte de los asuntos que llegan a los juzgados de la provincia terminan en sentencia, de modo que de las 1.539,29 denuncias y demandas que tramitan sus oficinas solo 329 acaban con un fallo, tras celebrarse el pertinente juicio.

La estadística judicial, recogida por el juez decano en su informe anual, sitúa el aumento de la litigiosidad en casi un millar de causas en el último año, en concreto 894, respecto del ejercicio anterior, el de 2013. De modo que, los 15 órganos de la provincia recibieron en su conjunto 26.168 denuncias penales y demandas civiles en 2014, frente a las 25.274 que se ingresaron en los doce meses precedentes. Cada juez tuvo que tramitar junto a las 1.539 diligencias nuevas las 6.590 que tenía por resolver, acumuladas antes de que finalizara la anualidad anterior, un número muy similar a las que quedaron pendientes a 31 de diciembre de 2014, que ascendían a 6.769.

Los datos son indicativos de la acumulación de causas en un escenario en el que se incrementan las denuncias en Zamora sin que los medios humanos y materiales de los juzgados crezcan en igual proporción. Una situación que no permite la agilización de la justicia y que ha vuelto a ser objeto de reivindicación por el presidente de la Audiencia Provincial, Jesús Pérez Serna, en su memoria anual elevada al Tribunal Superior de Justicia, en la que subraya "la sobrecarga de trabajo que pesa en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Zamora", en especial del número 2 y de lo Mercantil "por el notorio aumento" de los concursos de acreedores, "dada la crisis industrial". Pérez Serna abunda respecto de ese Juzgado de la capital en la "estrictamente necesaria atribución de uno o dos funcionarios de gestión y tramitación de refuerzo".

El representante de los magistrados pide la "prórroga de la contratación de personal de apoyo y de refuerzo" en los juzgados de Benavente. Idéntica solicitud efectúa el juez decano para el Juzgado de Toro, ante la imposibilidad de que se cree otro órgano; y para el de lo Penal de Zamora. Esta última petición viene siendo habitual desde hace más de un lustro, para "paliar la demora, no tanto en la señalización de juicios" del Juzgado de lo Penal -que se están fijando a siete meses vista en la actualidad- "como en la resolución y cumplimientos de la ejecución de las sentencias". Se alude a la complejidad cada vez mayor por las penas y las medidas que se imponen para explicar esa dilación en la ejecución de los fallos emitidos por la magistrada de lo Penal.

Hay que destacar que el Consejo General del Poder Judicial ha denegado la ampliación del contrato al juez de apoyo que venía celebrando juicios para aliviar la congestión de este órgano, que con esta ayuda venía sacando más de 700 sentencias al año, un número imposible de asumir en solitario por la magistrada titular.