Exigen al alcalde de Villardiegua que devuelva lo pagado a su abogado

El concejal de IU solicita al Ayuntamiento que pida el reintegro de los 7.470 euros abonados con dinero del municipio

27.08.2015 | 23:54

El Ayuntamiento de Villardiegua de la Ribera deberá decidir si exige al alcalde del municipio, Silvestre Antonio Fernando, y al teniente de alcalde, Fernando Pablo, que reintegren los 7.470 euros que pagaron a su abogado y procurador con dinero procedente de las arcas municipales. Así lo requiere el concejal de IU, que pide a la institución local que comunique a los representante legales de los dos cargos públicos que no se asumirán más gastos relativos a la defensa de Silvestre Antonio y de Fernando Pablo en el caso abierto por supuesta prevaricación en la gestión municipal.

La causa está a la espera de la calificación por parte del Ministerio Fiscal y de la defensa de los dos ediles, paso previo a la apertura de juicio oral por parte de la juez que ha investigado la denuncia contra ambos y que les sentará en el banquillo de los acusados.

La petición del concejal de IU, Paulino Rodrigo Pablo, que reclama también la dimisión del regidor y del teniente de alcalde, se produce después de que la Fiscalía haya recibido una denuncia contra el acuerdo de Pleno, por presunta ilegalidad. El Ayuntamiento de Villardiegua de la Ribera aprobó el 21 de febrero de 2014 el gasto de 7.470 euros para pagar al abogado del alcalde y del teniente alcalde de esa institución en el pleito mencionado, en el que estaban imputados desde el mes anterior por el fiscal por presuntas ilegalidades en la gestión.

El denunciante estima que se vulneró la ley porque "el Ayuntamiento no estaba obligado a pagarles la defensa, algo que deberían haber asumido de su bolsillo y una vez que se resolviera" y que solo podría abonarse de no ser condenados y tras la sentencia absolutoria, circunstancia que no se ha producido.

En el escrito enviado a Fiscalía, se recogen sentencias en las que se alude a que solo cuando los cargos públicos denunciados en el ejercicio de sus funciones no resultan imputados de los delitos que se les acusa y son absueltos debe considerarse que la institución debe correr con los gastos de la defensa. Es por ello que, nunca debe abonarse la cuantía relativa a tales honorarios antes de que finalice el procedimiento penal, si es que las diligencias terminan en la apertura de juicio oral, como es el caso. A estas consideraciones se remite el edil de IU para instar a la institución a que recupere los 7.470 euros.

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