La falta de respuesta del Ayuntamiento de Zamora a muchas de las consideraciones del Procurador del Común ha hecho que el equipo de Amoedo haya incluido a la institución municipal en el registro de entidades colaboradoras. Uno de los casos que ha motivado el reproche del Procurador del Común es la resolución que instaba al Ayuntamiento de Zamora a modificar la ordenanza sobre ruidos con el fin de que, además de obligar a los establecimientos de ocio con equipos de música a instalar limitadores-controladores de ruido , dispongan también de un sistema de telecontrol, de tal manera que los registros de los niveles sonoros puedan ser revisados por los técnicos municipales. Aunque la Administración Autonómica interpreta que este telecontrol no es obligatorio, sino optativo para las ordenanzas de ruidos municipales, el Procurador del Común entiende que este interpretación no es aceptable, "al desvirtuar claramente la finalidad del sistema establecido que pretendía que la policía administrativa tuviese un conocimiento inmediato del ruido que generasen los emisores acústicos existentes, evitando que el titular del local pudiera manipular la inmisión sonora una vez advertido de la presencia policial". El Ayuntamiento de Zamora fue el único que ni siquiera contestó al Procurador del Común para indicarle si aceptaba o no su resolución y ha sido incluido en el registro de entidades no colaboradoras, por este y otros asuntos, junto al de Coreses.
Tampoco contestó el Ayuntamiento a una resolución del Procurador del Común que pedía la instalación de mobiliario urbano accesible en una plaza pública de la ciudad. "A fecha de cierre del Informe anual no conocíamos aún la postura de la Administración ante la recomendación que le habíamos efectuado".
La crisis de la construcción, que ha dejado tras de si vallados que ocupan parte de la vía pública y solares abandonados también se refleja en la actividad de la institución, que insta al Ayuntamiento de Zamora a estudiar uno de estos casos por ver si, además, provoca filtraciones en uno de los edificios colindantes y crea un rincón propicio para la acumulación de desperdicios e incluso de heces.
El Ayuntamiento de Benavente aceptó una resolución sobre la prescripción de las infracciones consistentes en el desarrollo de usos del suelo contrarios a la normativa urbanística. El Procurador del Común considera en esos casos el uso del suelo como actividad continuada; por tanto, cuando ese sea contrario a la normativa urbanística, la infracción cometida tendría un plazo de prescripción que no comenzaría a computarse hasta que tal uso finalizara.
Por su parte, la empresa pública Somacyl aceptó llevar a cabo reparaciones en una vivienda acogida al denominado programa Revival de fomento del alquiler. El inquilino se quejaba de que la vivienda tenía humedades achacables a la falta de actuación del propietario del inmueble, y como estaba acogida al programa Revival, la Administración responsable se tenía que hacerse cargo.
Y el despoblamiento de los pueblos hace que haya muchos inmuebles abandonados, por lo que el Procurador del Común recordó a dos ayuntamientos de San Pedro de la Nave-Almendra y de Robleda-Cervantesla obligación que tienen los propioetarios de mantenerlos en buen estado. Lo mismo ocurre con las bodegas, como una de Fuentelapeña.
