Siete años después del accidente del Spanair en el que fallecieron 154 personas, entre ellas dos toresanas, un vecino de Fuentesaúco y un descendiente de Granja de Moreruela, sus familias exigen un "contrato social", como el habido por el siniestro del metro de Valencia, para que se reabra la investigación judicial y se depuren responsabilidades, "hay muchas de tipo político que rozan lo delictivo".

Con estas palabras, Pilar Vera, la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo Jk5022 de Spanair, de la que forman parte las familias de las cuatro víctimas zamoranas, pedía a los partidos políticos ayer, en los actos de homenaje, la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que profundice en las causas del siniestro, según recogen las agencias de noticias. Vera instó a los políticos a tomar las riendas de este asunto, "a ver si son valientes y se atreven con esta tragedia", la mayor de tipo aéreo en España, ocurrida el 20 de agosto de 2008 en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Se reclamó un órgano multimodal de investigación de accidentes con víctimas múltiples y la modificación de la normativa necesaria para que "no se aplique a tragedias con víctimas múltiples un baremo creado para sostener la industria del seguro". Vera reclama "que se repare el daño con arreglo a la póliza contratada" y que las investigaciones de estas tragedias se deriven a los juzgados centrales de Instrucción y no la jurisdicción ordinaria.

La presidenta demanda que el acuerdo o "contrato social" contemple el perdón por parte del Estado y que la comisión de investigación determine "qué ocurrió" y quienes son "los responsables". La máxima representante de la Asociación requiere un trato igual al recibido por las víctimas del accidente de Valencia, tras la firma por todos los partidos políticos menos el PP del manifiesto para la reapertura de la comisión de investigación del siniestro en el que murieron 43 personas en 2006.

Tras agotar la vía judicial en España, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 presentó hace un año una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra España por "una falta de tutela judicial efectiva" e infracciones cometidas al conculcar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.