70.000 zamoranos viven del erario público

Zamora es una de las provincias con mayor porcentaje de personas dependientes de las administraciones

20.08.2015 | 10:01
Varias jubiladas en un banco de la capital.

Casi 70.000 zamoranos viven del dinero público. Se trata, en su mayoría, de pensionistas, un colectivo que supera las 50.000 personas en Zamora (50.374 concretamente). Forman también parte de este grupo los trabajadores públicos (11.182 personas que perciben su nómina de cualquiera de las administraciones que operan en la provincia) y los 8.100 parados que tienen derecho a prestación, aproximadamente el total de los que existen en la provincia según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Con esto, el 43,4% de los zamoranos (contando niños y personas que no trabajan porque no buscan empleo de forma activa) percibe el dinero necesario para vivir directamente de las administraciones públicas. Es la segunda mayor tasa de la comunidad, solo superada por los datos de León y por los de Soria, aunque en este segundo caso las estadísticas son prácticamente parejas. Es también una de las tasas más importantes de España, lo que refleja de la importancia de las administraciones públicas en el panorama económico de la provincia de Zamora. En el total regional el porcentaje supera por poco el 41%.

El grueso de las nóminas vinculadas a las arcas públicas en la región corresponde a las pensiones (602.668), seguido del personal empleado en las diferentes administraciones (164.961) y los beneficiarios de prestaciones por desempleo (103.800) hasta alcanzar un total de 871.429 ciudadanos, según los datos recabados por la Agencia Ical. Significa el 41,5 por ciento del total de mayores de 16 años en la Comunidad, un porcentaje solo superado por Asturias (44,1 por ciento), Galicia (43,4 por ciento) y Extremadura (42,1 por ciento).

Todas estas autonomías están muy lejos de Madrid, con una ratio del 32,7 por ciento al contar con un mayor número de ocupados. La proporción de personas que dependen directamente del erario en Castilla y León se sitúa cuatro puntos por encima de la media nacional, situada en el 36,6 por ciento.

La acción protectora del Estado en su conjunto ha aumentado durante la crisis al tratar de paliar la falta de recursos de muchas familias que van más allá de las tradicionales prestaciones. El mejor ejemplo está en las rentas mínimas de inserción que son competencia autonómica, y por tanto dispares entre unas regiones y otras.

La prestación en Castilla y León recibe el nombre de Renta Garantizada de Ciudadanía, que oscila entre los 426 y 692 euros en función de las cargas familiares. Se trata de una renta, establecida como un derecho, que busca garantizar las necesidades básicas de subsistencia una vez agotadas todas las prestaciones. La comunidad registró el año pasado a unas 34.000 personas, con un incremento del 30 % respecto a 2013.

Además, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) -dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- se hace cargo de las 13.390 pensiones no contributivas de jubilación en la comunidad y otras 9.700 de invalidez. Beneficiarios que suponen un desembolso mensual de 8,3 millones de euros, a los que hay que sumar las 2.236 personas con discapacidad que perciben prestaciones sociales y económicas y el medio centenar de pensiones asistenciales.

En la actualidad, la comunidad cuenta con unos 46.000 "dependientes" del Estado o de las distintas administraciones más que al inicio de la crisis, en 2008, con un incremento el 5,6%. El colectivo de funcionarios de las administraciones central, autonómica y local ha sido el único que ha caído en estos siete años, con 10.839 personas menos. De los 164.961 empleados públicos existentes en la comunidad, a fecha de enero de 2015, más de la mitad corresponde a la Junta de Castilla y León que tiene en plantilla a 84.327 empleados. Completan la lista los funcionarios del Estado (37.216), de ayuntamientos y diputaciones (34.869) y los pertenecientes a las cuatro universidades públicas (8.551).

En cambio, los castellanoleoneses que cobran el paro se han disparado un 51,5% en ese periodo, al pasar de los 68.500 a los 103.800 beneficiarios de prestaciones por desempleo. El número de pensiones también experimentó un incremento, pero muy inferior al de los desempleados. La Seguridad Social abona 21.680 pensiones más que en 2008 hasta las 602.668. Es, con diferencia, el grupo más numeroso de los tres.

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