La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 contempla la posibilidad de que las corporaciones locales se acojan al derecho de pagar estas devoluciones en diez años. El objetivo, según informa Ical, es flexibilizar las devoluciones consecuencia de la liquidación del año 2013 de las entidades locales, habilitando el mismo procedimiento que para las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 con un plazo de devolución de 120 mensualidades, a contar a partir de enero de 2016, y siempre que lo soliciten las propias entidades locales afectadas. La petición deberá ser aprobada por el Pleno de la corporación local y se remitirá por el interventor o el secretario interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad a 1 de noviembre de 2015. La Diputación Provincial de Zamora, no obstante, ha decidido no acogerse a este beneficio, puesto que considera que la cantidad a devolver no repercute de manera grave en las arcas de la institución. Por lo tanto, la administración dirigida por Mayte Martín Pozo reintegrará esos 2,4 millones de euros a las arcas del Estado durante los próximos tres años, a razón de 800.000 euros al año. Por supuesto, sin hacer frente a la exigencia de ese 1,1 millón de euros que nunca llegó a recibir la institución.
