La Dirección Provincial de Educación se ha visto obligada a elegir "a dedo" a ocho nuevos directores en centros docentes de la provincia de cara al próximo curso. La situación se deriva de la ausencia de voluntarios para ocupar el cargo, algo que sin duda se deriva de la nueva ley de educación, que da más competencias a los directores de centros docentes pero que no varía las retribuciones económicas. El resultado, que muchos se echan para atrás.
Durante el próximo curso cambiarán de director un total de 33 centros en toda la provincia, según la documentación que maneja la Consejería de Educación y a la que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la Dirección Provincial no se ha visto obligada a intervenir en todos los casos. Es más, en la mayoría de los centros (18, el 54% de los que cambian de director), solo ha habido un aspirante, por lo que ni siquiera ha sido necesario valorar los méritos de los aspirantes. En siete centros más se ha presentado más de una persona, por lo que la Consejería ha tenido que analizar los méritos de cada una de ellas.
Los ocho centros en los que el director ha tenido que ser elegido de entre los propios docentes por la Dirección Provincial son el Santibáñez de Tera, el Fernando II (en Benavente), Moraleja de Sayago, Viriato (en Muelas del Pan), Sansueña (Santibáñez de Vidriales), San José de Calasanz, Valle de Valverde (en Burganes de Valverde) y Tábara. En ninguno de los ocho centros hubo profesor que quisiera asumir las competencias del director a cambio de la remuneración económica que en su caso corresponda.
Este hecho no es un asunto menor para los sindicatos. Como se ha dicho, los directores tienen más competencias con la nueva ley de educación en la mano, lo que hace más relevante su figura en un entorno donde ha sido la propia Dirección Provincial quien los ha puesto ahí. "Se reducen las competencias del Consejo Escolar y se refuerzan las del director", aseguran desde el sindicato de profesores de secundaria Aspes en el documento elaborado a raíz de la aprobación de la nueva norma educativa.
"Una vez designado un director fiel y sumiso a los postulados del partido gobernante, se le dan unas facultades que nos retrotraen a los años 70 y que implican volver al enchufismo en el nombramiento de interinos -e incluso en el de funcionarios de carrera- para lograr el seguidismo y la sumisión en una especie de pirámide jerárquica (Consejero de Educación, director provincial, director de centro, maestro nombrado) en el que todo está controlado", aseguran desde el sindicato.
Entre otras competencias, el director de cada centro podrá "establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario docente, así como para la ocupación de los puestos de interinidad". Además, podrá "rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a puestos en interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas" y "cuando un puesto se encuentre vacante, proponer la prórroga de quien lo venía desempeñando o el nombramiento de un nuevo interino" siempre que exista "una justificada evaluación".
A juicio de los sindicatos se trata de una situación "gravísima" que "convierte a los centros públicos en una especie de empresa privada cuyo gestor de recursos humanos es un comisario del partido gobernante que tendrá que ser fiel a lo que le digan desde arriba".
