La juez de Toro ha decretado libertad provisional para el expresidente de Pevafersa, Vicente Fernández Manso, quien deberá abonar 6.000 euros como caución provisional, por las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las diligencias abiertas contra él por su presunta relación con el robo que sufrió su antecesora en la empresa, Benita Pérez Pascual, en el domicilio particular de Guarrate hace un año.

Entre las medidas cautelares, la juez ha ordenado la retirada del pasaporte al empresario, lo que implica que no puede abandonar el país, y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, según ha podido saber este diario.

La decisión judicial se produce después de que la Fiscalía Provincial exigiera el ingreso en prisión eludible bajo una elevada fianza a la instructora de la causa, abierta tras la declaración de los dos varones que atracaron y golpearon a Pérez Pascual en su domicilio el 11 de junio de 2014. La acusación particular, el abogado de la víctima que sufrió heridas graves, cifró esa fianza para el expresidente de la fotovoltaica de Toro en 30.000 euros, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso este periódico.

La magistrada, finalmente, optó por no exigir fianza, pero sí el depósito de los 6.000 euros por si Fernández tuviera que responder a algún tipo de responsabilidad cuando avance la investigación judicial y se decida si puede imputársele por los delitos de que le acusan la fiscal y la agredida. Una causa derivada de la investigación por el delito de robo con violencia y otro de lesiones graves en los que están imputados dos varones de Valladolid.

La declaración de los dos detenidos en relación con ese suceso apuntaba al expresidente de Pevafersa como quien les pagó para llevar a cabo el robo, con el que, supuestamente y siempre según sus testimonios, ayudarle a recuperar "casi un millón de euros" que le adeudaban los dueños de la vivienda que debían asaltar, la de Pérez Pascual y su esposo, Álvaro Sánchez, que fue cofundador con Fernández Manso de Pevafersa en el año 1997.

Los dos imputados en el atraco, uno de ellos en prisión por la gravedad de los hechos, indicaron al testificar ante la juez que el empresario ahora investigado les había dicho que tal cantidad estaba relacionada con "una empresa". Ambos dieron detalles sobre las indicaciones que habrían recibido de Fernández Manso para perpetrar el robo en el domicilio del matrimonio. Los supuestos sicarios afirman haber mantenido con el acusado varias reuniones, algunas en propiedades de Fernández Manso situadas en el municipio de Toro, en las que les habría indicado dónde se hallaba la caja fuerte en la que guardaría el dinero el matrimonio.