El Juzgado acaba de denegar al Ayuntamiento de Sanzoles la segregación del matadero municipal en ruinas situado en una finca particular que fue entregada a una vecina en la concentración parcelaria y que esta vendió a terceros en el año 2005, a la familia Ponce Hernández. La sentencia indica que la institución, que es titular del inmueble, debió reclamar la instalación bien a la vecina a la que la Junta de Castilla y León entregó la parcela con el matadero, bien a la propia Administración regional pero nunca a quienes adquirieron el terreno a la dueña.
En concreto, la magistrada del Juzgado número 3 de Zamora destaca la compra "a buena fe" de los actuales propietarios y alude a la legislación vigente que les protege, mientras subraya el hecho de que el Ayuntamiento no hubiera demandado a la persona a la que se adjudicó la finca de reemplazo (la concedida en compensación por sus propiedades dispersas), "ni impugnado el acuerdo de concentración parcelaria" de la Junta del año 1990, "como hubiera sido lo propio".
El Ayuntamiento ha renunciado ya a recurrir este fallo judicial, tras el gasto que ha generado el litigio, "superior a los 14.000 euros", apunta el hijo del matrimonio que compró la finca a la primera titular y que sostiene que detrás de este asunto existe una "persecución política". Se da la circunstancia de que la familia es militante del PP y los tres han concurrido a las elecciones con esas sigas, mientras que el alcalde que emprendió las acciones judiciales contra el matrimonio era "del PSOE, Jesús Gallego", apoyado, por "el concejal, Eleuterio Sánchez", explicaba Saúl Ponce Hernández en declaraciones a este diario.
"Una venganza"
"Ha sido una venganza personal de la Corporación anterior que no tiene ni pies ni cabeza", agregaba indignado por "el daño que nos han hecho". Ponce Hernández lamenta que cuando el procedimiento judicial ya se sabía que no iba a ser favorable al Ayuntamiento, "han seguido gastando dinero público, insistiendo en algo que no tenía razón de ser". Lo que denomina también como "persecución personal de Jesús Gallego y Eleuterio Sánchez" y que ha supuesto "un desgaste para nosotros, una pérdida de credibilidad". Considera que la actitud del alcalde y sus concejales "ha perjudicado la imagen de mi familia en el pueblo, la gente hablaba de nosotros, "¿será verdad?; ¿serán unos ladrones?", se preguntaban muchos vecinos". Una imagen que será muy difícil recomponer tras años de procedimiento judicial.
