La Audiencia Provincial de Zamora ha dado un paso pionero en lo relativo a las cláusulas suelo al enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá que pronunciarse sobre la retroactividad en las sentencias que se emitan al respecto. El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad aseguran que ahora "es imposible declarar la retroactividad a la fecha de la suscripción de la hipoteca", situación que se deriva del fallo del Supremo en mayo del año 2013. Los magistrados zamoranos han planteado la causa al entender que esto "pudiera ser contrario a la normativa comunitaria de protección al consumidor".

La decisión que han tomado los magistrados de la provincia es de suma importancia para los afectados por las cláusulas suelo, residan en Zamora o en cualquier punto del país. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima la cuestión prejudicial "esto supondrá para todos los afectados la devolución de todo lo pagado de más por la aplicación de una cláusula suelo considerada abusiva y no solo, como entiende el Tribunal Supremo, desde mayo de 2013".

La decisión de la Audiencia de Zamora de recurrir a las instancias europeas se produce tras el recurso de apelación presentado por un consumidor frente a una entidad financiera a la que reclamaba "la nulidad de la cláusula suelo y la devolución de todas las cantidades satisfechas en aplicación de dicha cláusula desde la fecha de suscripción del contrato hipotecario", apuntan desde el Consejo General del Poder Judicial.

El escrito de los magistrados, firmado por la jueza Ana Descalzo, cita la Ley de Condiciones Generales de la Contratación para apostillar que "declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio de sus intereses". También se recuerda la directiva comunitaria que asegura que "las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente serán abusivas si causan un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones". Los magistrados solicitan que el procedimiento del tribunal europeo se acelere todo lo posible ante el elevado número de consumidores a los que afectaría la decisión.