403.175,89 euros. Esta es la cantidad que ha ido a parar a las manos la Agencia Tributaria y que proviene de herencias que no han sido reclamadas en la provincia de Zamora desde el año 2010. Además, según los datos del propio ministerio fiscal, recogidos por el diario El Mundo, hay siete procesos más en tramitación que podrían engrosar aún más esta cantidad.

En cualquier caso se trata de herencias cuantiosas, pues el montante total viene de tan solo cuatro procesos, cuatro zamoranos que murieron sin dejar testamento ni ningún familiar dentro del cuarto grado de parentesco (tíos, sobrinos, primos...).

Hay casos, los menos, en los que los familiares renuncian a la herencia, pero en estos casos suelen hacerlo porque las deudas del fallecido son mayores que sus bienes y, en caso de litigio, podrían tener que responder con su propio patrimonio a las deudas del familiar desaparecido.

En total el Estado ha ingresado en los últimos cuatro años casi dos millones de euros que proceden de herencias sin reclamar en Castilla y León. La mayor parte, más de un millón, proceden de Valladolid, provincia con más casos constatados. La siguiente es Zamora, que no suele prodigarse por los primeros puestos en este tipo de estadísticas. En términos regionales hay más de setenta procesos todavía abiertos.

El Gobierno ha impulsado una nueva legislación referente al destino que toma el dinero que reciben las arcas públicas de fallecidos que no dejan herederos. Con esta nueva norma, el montante recibido pasa a añadirse a los fondos que se nutren de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF para fines sociales.

Este cambio permite un mejor control del destino de los fondos y un reparto más equitativo basado en un planteamiento integral de la acción social, según explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado remitido esta última semana y recogido por Efe. Además, gracias a una enmienda presentada en el Congreso por el Grupo Popular, las cuentas corrientes y los depósitos en entidades que se dan por abandonados si no tienen movimiento durante veinte años también se destinarán a fines sociales.

Hasta ahora, el Estado pasaba a ser automáticamente el dueño del dinero y demás bienes muebles sin movimiento durante más de dos décadas depositados en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores, así como de los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares en estos establecimientos. Pero con el objetivo de regular el destino de este dinero y que sirva para financiar una convocatoria de ayudas a la educación de personas con discapacidad, el Grupo Popular propuso incorporar una enmienda a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El Gobierno señala que ambas medidas legales se inscriben en su "decidido propósito" de impulsar las políticas sociales destinadas a luchar contra la desigualdad y favorecer la inclusión social. Hacienda asegura, además, que han sido muy valoradas por las organizaciones representativas de los sectores más directamente afectados, como, por ejemplo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Hasta ahora el Ministerio de Hacienda no detallaba el destino del dinero que recibía por esta vía aunque, como marcaba la ley, destinaba la mayor parte a fines sociales.