El alcalde de la capital, Francisco Guarido, considera que este asunto "no tiene más importancia y cree que "es una cuestión administrativa". A pesar de esto, explicó que todo el mundo está en su derecho de reclamar judicialmente lo que considere oportuno. En este sentido, Francisco Guarido aseguró que la intención del Ayuntamiento de Zamora ante este procedimiento fue siempre la de pagar a los contratistas de Cadarso XXI.

El Consistorio de Zamora decidió rescindir a Cadarso XXI la obra del antiguo matadero en el año 2012, por los incumplimientos de la empresa. Una resolución del contrato que en su momento se saldó con 32.000 euros a favor de la empresa.

El Boletín Oficial del Estado declaró en mayo de 2012 el concurso necesario de acreedores de la constructora Cadarso XXI lo que conllevó "la paralización de todas las ejecuciones pendientes y que mi mandante haya visto frustradas sus expectativas de cobro", destaca la demanda presentada en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital. Una declaración que llegó más de año y medio después de que el trabajador comenzara a reclamar los 25.000 euros adeudados por Cadarso XXI. Por todos estos hechos, el escrito presentado ante el juzgado y admitido a trámite estima que tanto el ex abogado del Ayuntamiento como el ex tesorero, que ya no trabajan en el Consistorio, son presuntamente culpables de los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia a la autoridad.

El delito de prevaricación pública se define en el artículo 404 del Código Penal y hace referencia a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Las penas estimadas son de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. En el caso del delito de desobediencia a la autoridad, el Código Penal establece que los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

La defensa del trabajador de Cadarso XXI ha pedido al juzgado que tome declaración tanto al ex abogado del Ayuntamiento de Zamora como al ex responsable de la Tesorería Municipal. Igualmente solicitan que se reclame al Consistorio de la capital zamorana todos y cada uno de los pagos realizados a la empresa Cadarso XXI durante los años 2010, 2011 y 2012, con unión de las resoluciones judiciales que ordenaban tales pagos.

La demanda también solicita al juzgado que declare la responsabilidad civil de ambos denunciados y que se les exija una fianza para cubrir una posible indemnización, o en su defecto se decrete el embargo de sus bienes suficientes para atender los 25.000 euros de deuda al ex trabajador de la promotora Cadarso XXI.