Favorecer con medidas fiscales, como beneficios en el impuesto de la renta, el de sociedades o los módulos a los residentes en las zonas de montaña, especialmente a los emprendedores ubicados en esas localidades es una de las medidas más llamativas aprobadas por el Senado como conclusiones de la comisión especial que se encargó de analizar el fenómeno de la despoblación, de la que el parlamentario zamorano y alcalde de Puebla de Sanabria, el socialista José Fernández, fue vicepresidente.

El senador por Zamora presentó ayer las conclusiones de la Comisión especial para el estudio de las medidas a desarrollar para evitar la despoblación en las zonas de montaña, que ha desarrollado sus trabajos a lo largo de nueve meses, con las aportaciones de medio centenar de especialistas. Fernández constató cómo la pervivencia de la población en las zonas desfavorecidas es fundamental para que tengan sentido figuras como la de la Reserva de la Biosfera: "Tan desastre es cargarse el medio ambiente como que la conservación se cargue la gente de los pueblos".

La Comisión ha establecido nada menos que 35 propuestas que van desde las generalidades más obvias a la concreción de aspectos bastante interesantes que son válidas no sólo para las zonas de montaña, sino también para otros territorios aquejados del problema de la despoblación. Por ejemplo, una de las conclusiones es "impulsar la calidad de vida en el medio rural de montaña como premisa ineludible para el crecimiento demográfico". Pero en otra se habla de la necesidad de "vertebrar el territorio a través de buenas comunicaciones y con la introducción selectiva de las nuevas tecnologías (telefonía móvil e Internet), asociando siempre los intereses de la población actual al desarrollo del territorio y reconociendo las dificultades para el relevo generacional". Concreta mucho más al recomendar que se garantice "el acceso a la banda ancha a unos precios similares" a los que puedan pagar los ciudadanos de otras zonas.

Las recomendaciones finales tocan ocho puntos fundamentales. En ordenación del territorio, el Senado apuesta por compatibilizar estas políticas con las necesidades de los habitantes, la creación de empleo, la prestación de servicios públicos de calidad y la protección del paisaje. La Comisión se decanta por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la inversión para evitar la degradación de los ríos y "dar prioridad a los espacios naturales, parques nacionales o reservas de la biosfera, a la permanencia de la población, reconociendo el importante valor del paisaje, así como del patrimonio natural y cultural de estos territorios".

Las recomendaciones finales hablan de "garantizar en las zonas de montaña el mantenimiento de servicios públicos de calidad en ámbitos como la sanidad, la educación y la dependencia", así como de facilitar el acceso a la vivienda y programas de rehabilitación y favorecer una gestión integrada de los servicios públicos de acuerdo a las competencias de las distintas administraciones.

Para impulsar el empleo, la Cámara Alta opta por "potenciar la competitividad del sector primario, impulsando la ganadería y la agroindustria, así como la promoción de sus productos", favorecer la industrialización sostenible, la gestión forestal y transformación integral de la madera, el empleo verde, primar el trabajo de la mujer y los jóvenes, fomentar el cooperativismo y aplicar a las medidas de la PAC"una singular atención a las zonas de montaña".