El Ayuntamiento de Zamora ha pagado ya más de 4 millones de euros por la fallida operación de compra de un edificio municipal entre las calles Ramón Álvarez y la Reina. Cuatro millones a cambio de nada, puesto que se trata de la indemnización más los intereses que ha desembolsado ya a la empresa con la que firmó la operación en marzo de 2007, UFC-Begar, o mejor dicho, a sus acreedores, puesto que la constructora se encuentra en situación concursal y, por tanto, intervenida administrativamente.

A la abultada factura, cuyo último abono, los 287.000 euros de intereses, ha correspondido satisfacer a la Corporación salida de las elecciones del 24 de mayo, puesto que se encontraba pendiente de liquidar por los munícipes salientes. Y la "herencia" de un proyecto que empezó a forjarse bajo el último mandato del popular Antonio Vázquez, aún tiene consecuencias para las arcas municipales: el Ayuntamiento se enfrenta ahora al pago de los gastos financieros de una hipoteca de siete millones de euros que en su día suscribió UFC para hacer frente a la compra de los locales y solares que sumaban los 5.500 metros cuadrados. Los gastos pueden llegar a suponer un montante de 25.000 euros al mes a contar desde agosto de 2010, lo que significa más de 300.000 euros al año. A ello hay que sumar el pago de las minutas de los dos abogados, uno de Zamora y otro de Valladolid, que intervinieron en el caso.

La sentencia dictada por el Juzgado número 3 de Zamora en marzo de 2012 reconoció a la empresa el derecho a cobrar la indemnización por incumplimiento de contrato, finalmente 3,5 millones de euros ya pagados por la Corporación saliente, más los intereses. Por otro lado, el Contencioso, a instancia del Ayuntamiento, decretó la suspensión cautelar del contrato de compra, dejando en el aire las consecuencias económicas de la operación. Finalmente, en 2013 el Tribunal Superior de Justicia, aunque admitió la lesividad del contrato para las arcas municipales, reconoció el derecho de la empresa a ser indemnizada, anuló la suspensión cautelar del Contencioso y estableció la obligatoriedad de que el Ayuntamiento hiciera frente a los pagos exigidos por la adjudicataria.

En ese mismo fallo se reconoció también el derecho de la empresa a resarcirse por los gastos financieros de la hipoteca solicitada en su día, lo que supone un nuevo desembolso para las arcas municipales. Por ello, el alcalde, Francisco Guarido, estudia estos días junto a los técnicos la posibilidad de reducir esa cantidad que fue calculada a instancia de parte. Es decir, el juez otorgó la petición sobre los cálculos establecidos por UFC, pero el Ayuntamiento nunca echó cuentas para ver si la cantidad era o no la correcta. De esa forma, los pagos pendientes deberían ser consecuencia de otro proceso al que instaría, en este caso, la administración concursal designada en el concurso de UFC que debería ir acompañada de una peritación que estableciese la cantidad a satisfacer.

El último cartucho en este largo y complejo proceso se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, al que acabó recurriendo la anterior Corporación alegando indefensión, ya que los representantes legales del municipio no realizaron una peritación de los daños alegados por UFC y de la consiguiente indemnización que ha tenido que pagar el Ayuntamiento.

Guarido, que desde la oposición denunció incluso ante la Fiscalía presuntas irregularidades en toda la tramitación del edificio municipal (que fueron más tarde archivadas), califica todo lo ocurrido alrededor del edificio municipal como "un desastre, un auténtico fracaso que ha costado a los zamoranos un dinero que hubiera permitido construir dos escuelas, que suponen el gasto de la ayuda a domicilio durante cinco años, o las ayudas de urgente necesidad durante veinticinco. No quiero hablar en términos de revanchismo, pero es evidente que esta es la auténtica herencia que nos dejan Vázquez, Valdeón, San Damián, González Prada y Martínez Maíllo".