El acusado de comprar 134 toneladas de piñas robadas lo niega y dice "sentirse perseguido"

"Me siento perseguido". Esta frase fue la última que pronunció ayer durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal, el empresario toresano acusado de comprar piñas robadas para venderlas y que se enfrenta a 20 meses de prisión y a cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Los hechos por los que fue juzgado este hombre se remontan a finales del año 2011 cuando cinco camiones, propiedad del acusado, fueron interceptados en la localidad vallisoletana de Mojados con 134.000 kilos de piñas. La Asociación de Piñeros de Valladolid denunció los hechos con la sospecha de que el empresario adquiría este producto a sabiendas de que había sido sustraído en pinares de Valladolid. Un incidente que ayer negó el acusado, que aseguró que nunca dudó de los certificados de aprovechamiento que le presentaban las personas a las que le compraba las piñas. Cuando la Guardia Civil intervino los cinco camiones solicitó toda la documentación al imputado. Unos papeles en los que se refleja, según destacó la fiscal en sus conclusiones y basándose en un informe de la Junta de Castilla y León, que ninguno de los interesados estaban autorizados para la recolección de piñas. Según este informe, mucha de la documentación interceptada no era correcta. La discusión sobre la validez de estos papeles fue sobre la que se sustentó parte del juicio ya que la normativa sobre este tema "es bastante ambigua", destacó un perito propuesto por la defensa. La administración regional tan solo sellaba estas licencias de aprovechamiento y "no sé donde se puede comprobar la legitimidad de los certificados", declaró el acusado.