Alrededor de cinco mil cuentas bancarias de Zamora habrían quedado bloqueadas el pasado viernes por parte de las entidades financieras. Los cálculos, que vienen de los sindicatos, son "bastante conservadores" pues aún no ha habido tiempo de valorar la situación. El sector cuenta con que un buen número de estas cuentas se acabará regularizando pero asume que muchas están "abandonadas" y que no volverán a estar operativas.
Durante la mañana de ayer, primer día hábil del mes, fueron muchos los zamoranos que acudieron a sus entidades financieras al encontrarse durante el puente con la operativa bloqueada. La situación, reconocen desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Zamora, se ha traducido en una carga de trabajo "altísima" para los empleados de banca en los últimos días, algo que no mermó en la jornada de ayer pese a estar extinguido el plazo de presentación de documentación.
En este sentido Miguel Ángel Segovia, miembro del sindicato en Zamora en representación del Santander, apunta que la "falta de previsión de las entidades" en lo relativo a este tema es "un hecho muy grave", máxime cuando "se sabía desde mayo del año pasado que había que digitalizar los documentos de identificación de todos los clientes". El bloqueo de cuentas, recuerda Segovia, será un quebradero de cabeza sobre todo para las personas que en los primeros días de mes ingresen en su banco la nómina o la pensión. "Hay mucha gente justa para llegar a fin de mes y no van a poder acceder a su dinero", apunta.
El representante de CC OO apunta que las personas más afectadas por el bloqueo de cuentas son los clientes más antiguos de las entidades, "precisamente los que llevan más años por su fidelidad a una entidad". Las entidades digitalizaban ya el DNI de los clientes que hayan abierto cuentas en el último lustro, "no por esta ley, que no se conocía, pero el hecho es que lo hacían", apuntan desde CC OO.
La petición de documentación sigue las exigencias fijadas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales. La Ley 10/2010 -fue aprobada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo- sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a las entidades de crédito la obligación de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualesquiera operaciones. Todos los clientes que no cumplieran el trámite tendrán la cuenta bloqueada. Aunque el BBVA abrió la puerta a ampliar en diez días el plazo oficial, el Ministerio de Economía salió al paso aseverando que el plazo era el que era y que los bancos habían tenido cinco años para pedir la documentación a sus clientes.
