El tramo de autovía entre Zamora y Benavente de 49 kilómetros de longitud, se ha ejecutado en un tiempo récord de dos años pero va a salir bastante caro a las arcas públicas. La construcción, desvelaba el pasado lunes el Ministerio de Fomento, ha costado 179 millones de euros, una cantidad sustancialmente menor a los 276 millones en los que se valoraba la infraestructura cuando iba a ser licitada por el sistema tradicional, en lugar de la colaboración público privada. Y el Ministerio pagará 998 millones de euros a la constructora, el consorcio formado por filial Cintra Infraestructuras (Ferrovial), Acciona y el fondo Meridiam, durante los próximos 30 años. Cierto es que este "peaje en la sombra" que no pagan directamente los usuarios, sino el Estado, incluye también el coste financiero y el de explotación (el mantenimiento de la infraestructura y su vialidad en todo momento, incluida la campaña invernal). La concesionaria tiene también una ventaja, ya que el contrato incluye que tiene derecho a la explotación del único área de servicio que tendrá la vía, situada en Granja de Moreruela.

Es difícil conocer las cifras exactas, pero la autovía parece en principio un buen negocio. Como ingresos la concesionaria tiene el canon del Estado, los mentados 998 millones de euros en 30 años, más los 8,9 millones que se estima dejará el área de servicio. Los gastos, según el documento inicial de viabilidad elaborado antes de sacar el contrato a licitación, por tanto aproximados, apuntan un coste de explotación de 32,8 millones, un valor neto del proyecto puro de 287,2 millones y una financiación ajena de 248,8 millones. En total saldrían unos gastos de 568,8 millones de euros, con lo cual el beneficio es más que considerable.

El Estado acudió a esta fórmula de licitación público privada debido a la situación de crisis que prácticamente obligó al anterior Gobierno socialista a paralizar las inversiones en infraestructura. Se dejó la autovía Zamora-Benavente porque no esta fórmula eran las empresas quienes financiaban la obra y el Estado no incurría el déficit. Antes de adjudicarse la obra entró en el Gobierno el Partido Popular, que decidió seguir adelante con esta fórmula por el mismo motivo: el cierre de la Ruta de la Plata se consideró una infraestructura prioritaria y la forma más factible de hacerla en una situación de crisis era la del recurso al capital privado. Todo el mundo era consciente, incluido el propio Partido Popular mientras estuvo en la oposición, de que esta fórmula es mucho más cara que la adjudicación por el sistema tradicional.

Pero por parte de quien se encontrara en el Gobierno se contraargumentaba que como beneficios hay que sumar los años de adelanto de la infraestructura, que también producen un beneficio para la economía global, aunque sean difícilmente cuantificables con exactitud. Es decir, contar con una autovía en dos años en lugar de cinco o seis es también un beneficio.