La administración regional ha comenzado a vigilar los certificados de eficiencia energética, etiqueta obligatoria desde mediados de 2013 para todos los inmuebles que entren al mercado, ya sea a través de venta o alquiler. Aunque la inspección se encuentra todavía en una fase muy incipiente, se centrará en las empresas encargadas de emitir tales certificadoscertificados ya que la administración asegura que muchas deficiencias escapan al control directo de los propietarios. Las multas pueden oscilar entre los 300 y los 6.000 euros y se tipificarán en leves, graves y muy graves, según la información comunicada a este diario por fuentes conocedoras del tema.

La Junta pretende que pasen por el "examen" de los técnicos los edificios de viviendas, pisos individuales, naves industriales y locales comerciales. Tampoco se descarta que se analice algún edificio público. El trabajo ha ido a parar a Eurocontrol e Incosa, empresas que se encargarán de vigilar los certificados de eficiencia energética en toda la región.

Al ser un elemento nuevo para la administración, aún no se conocen estadísticas sobre cuáles son las infracciones más comunes. Sin embargo, cabe recordar que, cuando la norma echó a andar, proliferaron numerosos profesionales que se encargaban de realizar el certificado. Alguno incluso ofrecía "una buena nota" de antemano, algo que afecta directamente al valor de la vivienda o local afectado.

De hecho, ciertos colectivos no tardaron en presentar demandas por supuesto intrusismo de otros titulados, y poco después empezaron a registrarse denuncias sobre empresas o trabajadores autónomos que ofrecían la "etiqueta" a precios anormalmente reducidos o sin siquiera visitar el inmueble.

Los profesionales autorizados a realizar las evaluaciones en los edificios son fundamentalmente los arquitectos y los ingenieros. También pueden realizar el trámite los arquitectos técnicos, ingenieros técnicos industriales y otros ingenieros o técnicos de formación profesional. Estos últimos solo en la categoría de ayudantes.

Pese a la obligatoriedad del certificado para las viviendas que formen parte del mercado inmobiliario, en Zamora apenas se han expedido 1.771 etiquetas a lo largo de los casi dos años de vigencia de la norma, según los datos que maneja el Ente Regional de la Energía.