La expropiación de los ocho pisos pendientes en el número 11 de la avenida de la Feria de Zamora se encuentra a expensas de que todas las viviendas se vacíen de vecinos y los titulares acrediten que la propiedad está libre de cargas. Solo en ese momento el Ayuntamiento pondrá en marcha un proyecto de derribo para proceder a la demolición de las viviendas para liberar un nuevo tramo de muralla.
La expropiación, obligada por sentencia judicial, implica un desembolso de 1,2 millones de euros. La cuantía económica está reservada en los presupuestos municipales de este año, en el apartado de inversiones, si bien el depósito del montante no se hará "hasta que este libre de cargas", expone el concejal de Obras en la institución municipal, Manuel Hernández. El proceso es independiente a que los propietarios hayan decidido continuar la vía judicial para recurrir la tasación de la comisión de justiprecio.
El proceso lleva más de una década de espera y todavía está por ver si se materializará antes de que concluya el mandato del actual equipo de Gobierno. "Todo irá en función de la rapidez del propietario en acreditar la documentación", esgrime el edil.
La muralla ha sido testigo de una liberación lenta, paulatina y muy pausada para corregir las acciones de los antepasados, que ocultaron el lienzo adosando a él construcciones, edificios y negocios.
Dos son las sentencias judiciales que en los últimos años han fallado a favor de particulares que solicitaban la expropiación de sus inmuebles con arreglo a la normativa estatal y al Plan Especial del Casco Histórico. El primer caso fue para el inmueble de la avenida de la Feria, número 31, por la que el Ayuntamiento tuvo que pagar 300.000 euros en 2008, además de las costas del juicio, lo cual sentó precedente. El segundo y último es precisamente el caso del número 11, aún a la espera, que salió a la luz en 2013 a raíz de una sentencia del TSJ que obligaba al Ayuntamiento a expropiar el bloque. Fueron los propios particulares los que solicitaron la expropiación del inmueble ante su escaso valor en la situación del mercado inmobiliario actual.
Los pisos, construidos en los años sesenta, tienen entre 132 y 135 metros cuadrados y carecen de calefacción, con una renta que gira en torno a los 300 euros.
