El colapso de los juzgados en la provincia está más que servido si el Ministerio de Justicia desoye a los procuradores y mantiene su plan de digitalizar las demandas civiles, sociales y contenciosas con un sistema informático de escasa capacidad como el implantado, "solo seis megas", ni siquiera de la mínima necesaria (10 ó 12) para absorber los entre 60 y 100 folios que conforman cada una de ellas. El Colegio de Procuradores de Zamora exige, ante "un caos garantizado" por la inexistencia de medios materiales para informatizar la justicia, "la paralización sine die o, al menos, durante seis meses, del expediente digital, hasta solventar el grave problema", apunta el decano, Juan Manuel Gago.

Desde el 15 de enero, cuando se puso en marcha el sistema telemático y se prohibió el uso del papel, los juzgados zamoranos han recibido "unas 400 demandas, cada una de ellas presentada mitad de forma digitalizada, mitad mediante fotocopias", puntualiza Gago, quien, indignado, no oculta la "desesperación" del colectivo al ver "cuadruplicado el trabajo" por los deficientes medios con los que el Ministerio ha dotado a las oficinas judiciales. Y es que los 42 procuradores zamoranos, una vez digitalizadas las demandas, están abocados a fotocopiar la mitad de su contenido para poder hacerlas llegar en su totalidad al Juzgado. Todo ello, no sin "realizar un "pantallazo" -foto del monitor de su ordenador- de la advertencia que el sistema les hace sobre la imposibilidad de transmitir todo el documento al Juzgado. Al incumplir así con la orden de digitalizar el documento por completo desde el 15 de enero, deben presentar en el Decanato el "pantallazo" para justificar el uso del papel y que no se lo rechacen.

El Colegio de Procuradores ya el pasado 12 de enero solicitó "que se aplace el expediente digital sine die" ante el grupo técnico de seguimiento -formado por el secretario coordinador, el presidente de la Audiencia Provincial, el decano de jueces, colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, Junta de Personal y abogados del Estado, del Fogasa y de la Seguridad Social-, que acordó aceptar la petición y remitirla al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León y al Ministerio. El 19 de diciembre el Consejo Regional de Procuradores hizo suya la propuesta del Colegio de Zamora y pidió al TSJ que se aplazase tres meses la digitalización judicial. No hubo éxito.