La Fiscalía de Zamora acaba de recibir una denuncia contra el concejal de Obras del PP en el Ayuntamiento de Zamora, Manuel Hernández Calvo, por los posibles delitos de "prevaricación y abuso de autoridad" al dar el visto bueno, mediante un decreto del pasado día 10, a la reapertura de un bar, situado en el número 1 de la avenida de Príncipe de Asturias, sobre el que pesaba una suspensión cautelar de la actividad, desde abril de este año. La decisión de clausura fue adoptada por el responsable de la Concejalía de Gestión Urbanística, Feliciano Fernández, al comprobar la realización de "obras sin licencia y sin seguir las recomendaciones de los técnicos". Los denunciantes, que advierten de que Urbanismo desconoce el alzamiento de la suspensión, acusan a los inquilinos del local de "incumplir antes y ahora la Ley de Propiedad Horizontal, haciendo modificaciones de elementos comunes sin consentimiento de la comunidad de propietarios", lo que ya se está dirimiendo en el Juzgado.
En el escrito que se ha hecho llegar a la Fiscalía se apunta, además, que los titulares del bar "obviaron el cierre cautelar" impuesto en su día por el Ayuntamiento, "dando lugar al precinto definitivo hasta el mes de octubre" pasado, cuando se les permitió abrir solo para acometer las obras de reforma exigidas, "estando aún pendientes de la licencia para otras modificaciones exigidas por los ingenieros técnicos" de Urbanismo y aún pendiente la "revisión" de las mismas.
La adecuación del negocio a la legislación vigente, sin acometer desde la apertura en 1996, se refiere a la insonorización del establecimiento hostelero; a la existencia de un escalón dentro del mismo; a la modificación de la fachada sin pedir permiso a la comunidad de vecinos y a la ocupación de espacios comunes con aparatos de extracción de humos e instalación del aire acondicionado y chimeneas.
En el escrito remitido por vecinos del inmueble de Príncipe de Asturias al fiscal se acusa al concejal de Obras de tomarse "la justicia por su mano" y de "puentear a la Concejalía de Gestión Urbanística" porque "está claro que querían abrir" el negocio para las próximas fechas navideñas". Los afectados subrayan que los técnicos no han revisado si las obras ejecutadas han salvado las deficiencias que Urbanismo detectó en su día. Y critican duramente al concejal "que debe garantizar, sobre todo, los derechos fundamentales" de los ciudadanos. Hacen especial hincapié en que no se ha comprobado el nivel de ruidos dentro del local, ni en el interior de las viviendas del edificio, especialmente de las situadas en el primer piso.
La denuncia llama la atención sobre el contenido del decreto del concejal para alzar la clausura del bar, en el que se hace mención a "fundamentos de derecho" para intentar demostrar que una de las vecinas obró de mala fe y obstruyó las labores de medición de los ruidos, al indicar esta que la comunidad había acordado contratar una empresa especializada en la materia para que efectuara esta tarea al mismo tiempo que el Ayuntamiento y que debía esperarse, al carecer aún de un presupuesto.
La Fiscalía tendrá que comprobar si, como apuntan los afectados por la apertura del bar, el concejal de Obras presionó a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos a la propietaria del piso en el que se iban a realizar las mediciones de decibelios para que se hiciera cuanto antes en ese domicilio, tras comunicarlo el 19 de noviembre pasado a través de un decreto de Hernández Calvo. Los denunciantes reprochan la actitud del edil hacia la vecina que recibió las llamadas y los correos, que creen que se produjeron por ser una de las que mayor número de quejas ha presentado por las molestias que ocasiona el bar, contra quien estiman que el edil dirige sus "iras" porque "se toma esto como algo personal, cuando son daños hacia todos los propietarios".
La actitud se tilda de "bastante sospechosa, teniendo en cuenta el poco interés mostrado siempre hacia nosotros, los propietarios". Los denunciantes alegan que "al no poder disponer ese día de los servicios" de la empresa que iban a contratar, "la propietaria" del piso "estaba en su perfecto derecho fundamental de no permitir la entrada" para realizar las comprobaciones. Al mismo tiempo, destacan que "en dicha fecha a algunos propietarios también nos resultaba imposible" participar en dichas comprobaciones, mientras hacen especial mención a la exclusión de las mediciones del nivel de decibelios de uno de los pisos más afectados por los ruido, a pesar de que se le había comunicado tal hecho a la Concejalía de Gestión Urbanística, competente en la materia.
