"En las conversaciones se habló de venta de trofeos entre varias personas" y los ganaderos imputados, por el Juzgado de Puebla de Sanabria en la caza ilegal y venta de carne de ciervos, corzos y jabalíes en los cotos de Asturianos y Palacios, "en varias" ocasiones y entre diferentes personas, aseguró el guardia civil de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de Madrid que participó en la instrucción. Una operación que concluyó con la imputación tales delitos y el de tenencia ilícita de armas para tres ganaderos de Asturianos, los hermanos F.J.O.C. y P.O.C. y el hijo de este, F.J.O.H.; y acusación a tres guardias de Sanabria, J.A.G.T., M.M.L. y A.G.V., por no perseguir esas infracciones.

El agente confirmó en el juicio celebrado el lunes -y que se reanudará el 12 de enero, en el Juzgado de lo Penal, para que declare un carnicero- a preguntas del fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta, que los acusados se dedicaban a la "venta de ovejas y piezas de caza". Y que en las grabaciones hechas desde Madrid, que escuchó como integrante de la investigación, "se habló de jabalíes, ciervos y corzos, de la venta de carnes" de esas especies.

A preguntas del abogado de uno de los guardias imputados que cuestionaba la labor de la Guardia Civil, aseguró que "se hizo toda la labor de seguimiento", incluida la de "entrega de carne", a pesar del "riesgo" que conlleva el que la actividad presuntamente delictiva se realizaba "en una zona tan pequeña". La misma diligencia en la actuación policial describió el instructor de las pesquisas, capitán y jefe de la Unidad de Zamora, quien subrayó que las fotografías que se acompañaron a la denuncia "se comprobaron", que "se hicieron informes in situ y las dimos por válidas". Es más, "se montaron servicios y operativos incluso con helicóptero", indicó el mismo agente, que explicó que "es dificilísimo entrar en la explotación de estos señores", en referencia a los ganaderos, para ilustrar las limitaciones a la hora de llevar a cabo la investigación.

También precisó que "antes de la intervención telefónica" se hizo un seguimiento "en algún restaurante de la zona" para comprobar si compraban carne procedente de la actividad de los imputados, a los que se procesó por vender sin control sanitario carne de caza mayor, apresada ilegalmente, reses despiezadas en el matadero familiar ilegal.

Los letrados de los seis acusados volvieron a poner en duda que la denuncia que dio origen a esta causa judicial estuviera lo suficientemente documentada como para que se autorizaran las escuchas telefónicas, autorizadas en marzo de 2010 por la juez de Puebla y que se ampliaron el 15 de abril de 2010, a su entender porque no había pruebas suficientes para imputar. Una cuestión que ya resolvió la Audiencia Provincial, tras estudiar el recurso de nulidad interpuesto por las defensas de los procesados, al otorgar total validez a las mismas.

La cuestión se reiteró en el interrogatorio de los guardias civiles, quienes insistieron en que se efectuaron las investigaciones oportunas antes de pinchar los teléfonos de los tres ganaderos. El instructor de las diligencias policiales apostilló en la vista oral que "la investigación fue complicada porque había compañeros que podían estar implicados" en los delitos sobre cuyo esclarecimiento se trabajaba, como así se desprendió de las escuchas telefónicas.

Por otro lado, la subdelegada del Gobierno, Clara San Damián, criticó ayer que el delegado de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro, asegurara que la competencia en materia de furtivismo es compartida entre agentes medioambientales y Guardia Civil. Para San Damián "la Guardia Civil no comparte competencias y la Junta tampoco, cada uno tiene las suyas, y en materia de medio ambiente es enteramente de la Junta".

San Damián indicó que la tarea de la Guardia Civil "es la persecución de delitos" y, en esta línea, subrayó que "desde 2009 ya se han denunciado" por parte de este cuerpo "2.060 delitos contra el medio ambiente". Lo que sucede después de esa denuncia, afirmó la subdelegada, "ya es cosa de la Junta porque los expedientes nunca vuelven a la Guardia Civil". Los agentes de la benemérita, zanjó San Damián, "investigan, persiguen y denuncian, pero la competencia sobre medio ambiente es de la Junta".