Tres guardias civiles y tres ganaderos se sentarán hoy en el banquillo del Juzgado de lo Penal por el caso Asturianos, el mayor juicio por furtivismo celebrado en la provincia. Tras más de cuatro años de instrucción, finalmente los dos hermanos de Asturianos y el hijo de uno de ellos serán juzgados por la comisión de delitos de captura ilegal de piezas de caza mayor en el coto de esa localidad y de Palacios, tráfico de carne, y por tenencia ilícita de armas y su utilización. Por su parte, los agentes tendrán que responder del delito de omisión del deber. Para este juicio, además, el abogado de la parte de los acusados ha citado a declarar a Francisco López Méndez, exjefe del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, aunque la Administración regional no se personó en la causa.

Cuatro años después del inicio de la causa, el caso Asturianos llega esta mañana a los juzgados de la capital. La Fiscalía y el coto de la localidad sanabresa se presentan como acusación, mientras que en el banquillo deberán defender su inocencia los tres ganaderos y tres guardias civiles señalados por diferentes delitos relacionados con el furtivismo. El juicio se celebra apenas tres años después de que el Juzgado de Puebla de Sanabria archivara la causa. Sin embargo, la parte de la acusación recurrió el sobreseimiento de la trama y el asunto quedo exclusivamente en manos de la Audiencia Provincial de Zamora.

Uno de los abogados de la defensa, según ha podido conocer este diario, ha citado a declarar a Francisco López Méndez, que en el momento en que presuntamente se cometieron los delitos ostentaba el cargo de jefe del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora. Durante el juicio, los dos hermanos de Asturianos deberán defenderse de la acusación de comisión de delitos de tráfico de carne de caza mayor obtenida de forma ilegal; mientras que tanto estos como al hijo de uno de ellos deberán responder de tenencia ilícita de armas y su uso. Las penas que se exigen suman siete años de cárcel en total. Por otra parte, la Fiscalía reclama para los guardias civiles la suspensión de empleo y sueldo por el periodo de un año.