Solo una "rectificación pública, retractación" de David Salvador, el responsable de la empresa Europarques que gestiona el barco del Lago de Sanabria, implicaría la retirada de la demanda civil interpuesta contra él por el delegado de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro, que busca así preservar su "derecho al honor, como representante" de la institución. Castro, al que el empresario acusó "de prevaricación, falsificación de documento público, cohecho y prevaricación", justifica su demanda como respuesta a "una campaña de descrédito e injurias" orquestada por Salvadores.

Para la difusión de tales calumnias utilizó "como altavoz a los medios de comunicación e incrementar el daño", en los que se puede constatar una "conducta y actitud denigrante e irrespetuosa" contra él "como delegado". Y también en "numerosos escritos presentados ante la Junta", agregó la máxima autoridad del Gobierno regional en Zamora. Castro, que acudió ayer al Juzgado, se ciñó a un comunicado en el que aseguraba que el "atentado contra mi honor", infringido "por parte de este señor", comenzó el 16 de septiembre de 2011, "cuando interpuso una querella frente a mí y funcionarios de la Junta por delitos de prevaricación falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias", denuncia que recordó que fue archivada por el Juzgado.

Destacó los "numerosos comunicados y declaraciones en prensa para cuestionar gravemente la legalidad de mis actuaciones como delegado, imputándome, de forma injuriosa, la comisión de delitos penales e irregularidades administrativas", al igual que "a funcionarios de la Junta".

Varias sanciones

Respecto de las posibles irregularidades administrativas cometidas por Europarques en la explotación del catamarán Helios en el Lago, el delegado indicó que al expediente administrativo iniciado -a petición de la Fiscalía Provincial por el cebado de peces con pienso y en base al informe de la Guardia Civil- podrían sumarse otros, entre ellos el relacionado con la infracción de la Ley de Pesca. Por el momento, se trata de determinar la comisión de "infracciones permanentes" que "podrían dañar seriamente el entorno especial de un parque natural, muy delicado", lo que implicaría sanciones de hasta 200.000 euros . La decisión de la Junta se ha notificado ya a la empresa. La "Ley de Pesca" permite esa actividad de cebado de peces, "pero siendo respetuosos con ese entorno". Castro instó a "esperar a que el afectado se explique en diferentes audiencias", mientras le recordaba que las leyes "están para que todos las cumplamos".