"A nosotros nos parece que la forma de adjudicar el proyecto de adaptación del edificio del Banco de España por parte del Ayuntamiento no ha sido clara, entre otras cosas porque de los cinco arquitectos invitados, cuatro tienen o han tenido relación laboral entre ellos y no es un procedimiento claro. Por eso lo llevamos al fiscal y que decida. Puede ser legal, pero no transparente". Así explicaba el presidente del Colegio de Arquitectos de León (del que depende la delegación de Zamora), el zamorano José María García de Acilu, la decisión de la Junta de Gobierno de enviar el asunto del Banco de España al fiscal, materializada en fechas recientes por los servicios jurídicos.

Según el concejal de Izquierda Unida, Francisco Guarido, el fiscal ya "ha solicitado todo el expediente al Ayuntamiento de Zamora, lo que provocará nuevos retrasos en la adjudicación final" y a partir de enero se empiezan a pagar los 90.000 euros anuales de renta.

García de Acilu cree que "lo normal es hacer un concurso, o se llama a cinco empresas que no tienen nada que ver entre sí para que el precio sea el razonable. Lo que no puede ser es que se llame a empresas que tienen relación entre sí, relación de dependencia o que la han tenido, eso es lo que nos parece que nosotros que no es claro". Acilu reconoce que no es habitual que los colegios profesionales tengan esta actitud de denuncia ante procedimientos administrativos: "No es lo habitual que los colegios se impliquen en estos asuntos pero la junta directiva que estamos ahora sí. Esta es la primera licitación que mandamos al fiscal, pero hemos recurrido un concurso en Bembibre y vamos a recurrir otro en León y en los procedimientos que veamos algo poco claro vamos a personarnos, porque el Colegio no va a dejar hacer como hasta ahora". Acilu dice que antes de dar el paso, se advirtió a los responsables municipales: "Concretamente yo he estado hablando con el Ayuntamiento para decir que no nos parecía un procedimiento adecuado, siguen con él, pues bien, lo ponemos en conocimiento del fiscal. Le hemos propuesto al Ayuntamiento hacer una bolsa de trabajo, que eso se hiciera con gente que quiera integrarla, nosotros le presentamos cinco o siete y ellos eligen. Lo que han hecho es llamarlos ellos, muy bien, el procedimiento negociado es así, llaman a cinco arquitectos, les dan su oferta de precios y eligen a uno. Pero claro lo que hace falta es que esos cinco arquitectos que llaman realmente sean independientes entre sí. Yo no digo que hayan pactado algo o nada, lo único que digo es que han tenido relaciones laborales entre ellos, nada más".

El envío del asunto al fiscal "puede ser un toque de atención para que el Ayuntamiento sepa que las cosas no se pueden hacer así. Dicen "es que si hacemos un concurso tardamos mucho". Bueno, tardáis mucho si queréis, porque se puede organizar en muy poco tiempo. Pero hay que hacerlo de otra manera". Acilu incluso cree que es lícito hacer concursos restringidos, pero con la oportuna transparencia. "Sería más partidario de este tipo de concursos. Es cierto que la ley está así y las administraciones pueden hacer lo que quieran, pero al menos lo que hagan que sea claro y transparente, que es lo que nosotros queremos, que no nos parece bien que llamen siempre a los mismos, que llamen a otros, que hay mucha gente que quiere trabajar".

Guarido pidió ayer al concejal de obras que se replantee "su permanencia en el puesto" ya que llamó a cinco arquitectos sin motivar por qué el procedimiento negociado sin publicidad era el adecuado y sin justificar que esos profesionales "fueran los mejores para hacer sus ofertas. Simplemente existió arbitrariedad, y una cosa es que la ley permita estos procedimientos y otra que no se motive el procedimiento elegido, y que podría ser fraude de ley. Del fraude de ley al amiguismo y el "dedo" solo hay un paso". El concejal cree que cuatro de los cinco arquitectos, todos menos el que quedó el último, estaban relacionados.