"Ha sido duro. Y más encontrarte que no podías hacer nada cuando estabas viendo que estaba cada vez peor. Y no nos hicieron ni caso. Cuando quisieron hacer caso ya no había remedio. Fui al médico para que le adelantaran la cita y lo vieran enseguida; me dijo que estaba de vacaciones, ese era el protocolo y tenía que esperar a que me citaran. Y tardaron desde mayo a septiembre, cuando me mandaron ir a Valladolid. Fui al médico de cabecera, a todos los sitios, pero me decían que lo que había dicho el especialista es lo que había que hacer". Quien así se expresa desde su domicilio de Olivares es la viuda de J.D.D., que acaba de ganar junto con su familia una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga a Sacyl y la entidad aseguradora Zurich a pagarles una indemnización de 124.000 euros al estimar que hubo una asistencia sanitaria deficiente en el Complejo Asistencial de Zamora, que llevó al fallecimiento del paciente a los 56 años.

Tal y como relata la Asociación Defensor del Paciente, que ha llevado el caso mediante el abogado vallisoletano Santiago Díez, J. D. D. estaba diagnosticado de hepatitis B desde el año 2002 y era sometido en el Complejo Asistencial de Zamora a un seguimiento protocolizado consistente en revisiones periódicas, análisis tumorales y pruebas diagnósticas de imagen, debido al riesgo que su patología conllevaba de desarrollar un hepatocarcinoma. Todas las pruebas de imagen realizadas al paciente en el citado seguimiento presentaban imágenes sospechosas, no hay ninguna normal, a pesar de que los informes dicen todo lo contrario "incurriendo en un grave error diagnóstico que le costó la vida al paciente".

La sentencia relata que ya en la primera ecografía de 17 de febrero de 2007 se apreciaba una lesión que hubiera requerido pruebas complementarias, según indicó el perito radiólogo. Esta alteración evolucionaría, aunque volvió a pasar desapercibida el 14 de mayo de 2008 y el 12 de marzo de 2009. La lesión siguió aumentando de tamaño en un proceso evolutivo típico desde un hígado cirrótico hasta que en mayo de 2009 se detectó un hepatocarcinoma con unas dimensiones según el perito de 11x10 centímetros, el cual por su tamaño y lesiones satélites ya no era susceptible, por su mal pronóstico al encontrarse en un estadio avanzado, más que de un tratamiento sintomático paliativo". Para el tribunal, "hubo un claro retraso diagnóstico y consiguientemente una evidente pérdida de oportunidad terapéutica, que es el concepto indemnizable", más allá del resultado de muerte. Es decir, se trataba de un tumor de crecimiento lento, que seguramente llevaría desde 2005. "Su detección precoz hubiera propiciado su manejo terapéutico más exhaustivo, con menor riesgo de diseminación. Las lógicas dudas sobre el mayor o menor alcance de las probabilidades de curación, o, al menos, de prolongación de la supervivencia, han de recaer negativamente sobre la Administración sanitaria, única responsable del incumplimiento de su obligación de custodia de las imágenes de los estudios (ecografía, TAC) realizados al paciente. Son todas ellas circunstancias que nos llevan a fijar como indemnización por el descrito daño moral en 64.000 euros para el cónyuge, y 15.000 euros para cada uno de los tres hijos recurrentes". La indemnización la deben abonar Zurich y Sacyl de forma solidaria, aunque es éste último el que soportará las costas procesales, al apreciar el tribunal una "contumaz resistencia de la Administración sanitaria para aportar las imágenes (de las pruebas practicadas al paciente) de las que sí disponía".

"A mí el dinero no me vale de nada. Lo que me hubiera valido es que cuando hizo falta miraran a mi marido. ¿Que no tenía remedio?, pues no lo tenía. Pero que lo abandonen como lo han hecho. Que me tapen la boca ahora con dinero no me vale. Estoy satisfecha porque he logrado lo que quería, saber la verdad y que la sepa todo el mundo. Pero a mí eso no me vale para nada", afirma la viuda.