En agosto de 2009 dos individuos, Miguel Ángel M.A. y Pedro G.G. pidieron a Garoil varias cubas de gasóleo valoradas en 134.611 euros, que facturaban con las identidades del hijo del dueño y encargados, el CIF y la cuenta bancaria de la empresa Hormigones Sindo-Castro y descargaban en dos depósitos de 30.000 y 15.000 litros que habían colocado en una finca de un particular de Mombuey, a quien habían contado que eran subcontratistas de las obras del AVE que necesitaban el carburante para su maquinaria. A la vez, hasta la finca llegaban otros camiones cisterna, de la empresa Sampitrans, que llevaban el gasóleo a la gasolinera El Tesoro, de Valencia de Don Juan, entonces regentada por Angel P.P., (ahora la lleva otra empresa que no tiene nada que ver) y un antiguo club de alterne propiedad de Miguel Ángel M.A. en otra localidad leonesa cercana. Los clientes pagan un par de recibos a Garoil, pero empiezan a devolver letras, lo que lleva a la petrolera a reclamar las cantidades a Sindo Castro. Esta empresa dice que ellos no han pedido nada y es cuando saltan todas las alarmas.

En la finca de Mombuey no quedan ni rastro de los depósitos, pero las pesquisas policiales logran identificar a los presuntos autores del fraude, que son acusados en los tribunales. Ayer se sentaban en el banquillo Miguel Angel M.A. y Pedro G.G., que se enfrentan a la petición de penas del fiscal y la acusación particular de tres años de cárcel y multa de diez meses a razón de diez euros diarios por sendos delitos de estafa; y Ángel P.P. para quien se piden dos años de prisión, cinco de inhabilitación profesional y el pago de una multa de 18 meses a razón de diez euros diarios por receptación. Todos ellos deben devolver a Garoil los 114.799 euros que le adeudan por el gasoil no abonado.

Fueron 14 los testigos que pasaron por la sala de vistas, los más concluyentes un Guardia Civil de León, donde se practicaron las detenciones y uno de los conductores que transportaba la mercancía de Mombuey a Valencia de Don Juan. Mientras fiscal y acusación particular concluyeron que no existe duda sobre la estafa y sus autores, e incluso vieron indicios de que la empresa de transportes podría estar involucrada también en la trama, aunque no cambiaron su calificación jurídica, las defensas de los acusados pidieron su libre absolución.

La de Miguel Ángel M.A. dijo que no hay ninguna prueba contra su patrocinado, porque nadie lo vio en Mombuey, ni en Valencia de Don Juan ni hay testigo que le reconozca, salvo la declaración de Pedro G.G. El propio Miguel Ángel acusó al guardia civil de León de intentar perjudicarle por problemas anteriores. Para el letrado de Ángel P.P. no está acreditado que el gasoil se descargase en la gasolinera, ya que no hay albaranes ni pruebas directas más allá de la declaración del conductor. Por último la letrada de Pedro G.G. asegura que era "un mandado" de Miguel Ángel, un parado que hacía el trabajo por los 50 euros que le daban, pero sin ningún otro papel como cerebro de la trama.