El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, requerirá un informe a la Guardia Civil y en colaboración con la Justicia actuará para mantener la legalidad en el caso de los 410 gitanos supuestamente "desterrados" a Zamora, su lugar de procedencia. Villanueva recibió ayer al presidente de la Asociación Gallega de Ambulantes y Autónomos, Francisco Romero, quien previamente prestó declaración ante la Fiscalía, y se ha interesado por los hechos denunciados al fiscal, que ahora deberá dirimir las actuaciones que correspondan.
El delegado abordó en la reunión la necesidad de acreditación efectiva y formal de la violación de derechos sobre este colectivo para iniciar actuaciones. Pero también indicó que la Delegación del Gobierno requerirá un informe a la Guardia Civil para, en colaboración con la Justicia, actuar para mantener la legalidad en este caso.
La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación y continuará llamando a más implicados en este caso del que el presidente de la asociación de ambulantes responsabiliza al "clan dos moróns", según ha explicado el presidente de la asociación de ambulantes a los periodistas. Romero, que media por los 410 gitanos del sur de Galicia supuestamente desterrados de la comunidad autónoma, ha pedido garantizar su integridad para que "en 24 horas" estén de vuelta a su tierra.
"La justicia tiene una velocidad pero esta gente cada tres horas tiene hambre, y a ver si de aquí a mañana el delegado del Gobierno hace una declaración garantizando la integridad de esta gente y que se cumplan las normas democráticas" para que "en 24 horas están aquí".
Según Romero, "fuera de aquí no tienen nada", y por ello, dado que los gitanos "tienen temor a hacer declaraciones", se ha ofrecido a "mediar porque no había nadie que hablara" y deben regresar "con la misma dignidad con la que se marcharon".
Romero Alvite aseguró ante el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, que los 400 gitanos que se fueron de Porriño y Mos, localidades de la provincia de Pontevedra cercanas a Vigo en solidaridad con otros cuatro que supuestamente fueron desterrados "vivían aterrados". Durante una hora de declaración, el presidente explicó por qué no enviaban a los niños al colegio y se encerraban en sus casas y detalló que el colectivo de "gitanos zamoranos" que decidió abandonar la zona lo hizo por miedo, después de que los cuatro pastores evangelistas, que pidieron libertad para que el colectivo pudiera vender libremente en los mercados, fueran expulsados de Galicia, informan G. Porto y E. González en Faro de Vigo.
El presidente de los vendedores explicó al Fiscal que él representa a una asociación, pero su denuncia era un hecho humanitario. Y ratificó la presunta expulsión de cuatro pastores evangelistas y el éxodo posterior de las familias. El fiscal jefe debe llamar a declarar a otras personas que puedan conocer los hechos e intentará recabar alguna manifestación en primera persona de afectados directos, inicialmente contrarios a presentar denuncias.
El presidente de esta asociación ha asegurado que los ayuntamientos pueden tomar medidas "antimafia" aplicando el artículo 77 de la Ley de Comercio, de manera que haya que mostrar la autorización municipal para la venta, así como estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social.
