El Juzgado de lo Social ha declarado improcedentes dos despidos de trabajadores de la Cámara Agraria Provincial y está pendiente de la sentencia de un tercero, todos ellos puestos de patitas en la calle el pasado 30 de junio, oficialmente por la pérdida de competencias de la entidad y el descenso de las aportaciones de la Junta de Castilla y León.

Los trabajadores explican que en 2013 la Cámara ya despidió a dos compañeras, mientras que este año aceptaron bajarse el sueldo un 30% para poder seguir trabajando hasta final de año. La Junta de Castilla y León había presupuestado inicialmente 77.000 euros para la Cámara de Zamora, pero posteriormente anunció que sólo serían 38.000, es decir, para cubrir hasta la mitad del año. El dinero, por cierto, aún no ha llegado a la Cámara Agraria. "Pese a que habíamos acordado bajarnos el sueldo, de forma sorpresiva nos despidieron el 30 de junio", indican los empleados. Los tres recurrieron el despido y han salido dos sentencias, la una ordenando a la Cámara el pago de una indemnización de 90.000 euros (llevaba 42 años de servicio) y otro 32.000. Un tercero está pendiente, y en caso favorable podría percibir 40.000 euros. La Cámara tiene posibilidad de recurrir los fallos judiciales que declara los despidos improcedentes.

Los trabajadores fueron despedidos el 30 de junio, aunque se les debe la mensualidad, precisamente la de ese mes, más la paga extra y las vacaciones. "La Junta mantiene la aportación de 38.000 euros para el primer semestre, pero no los ha ingresado, entonces estamos sin indemnización y sin cobrar lo que se nos debe", indican los trabajadores.

Actualmente la Cámara Agraria se mantiene abierta con dos funcionarios y el secretario, que son de la Junta de Castilla y León. Su labor consiste en apoyar a las juntas agropecuarias locales de la provincia, que ahora se tienen que desplazar a la capital para cualquier gestión, ya que el despido de los trabajadores impide mantener abiertas las secciones de Benavente, Fuentesaúco, Toro y Villalpando, a pesar de que en las dos primeras la Cámara llevó a cabo inversiones de adaptación de los locales.

Los empleados acusan al presidente de la Cámara, Miguel Blanco, de no haber hecho lo suficiente para, como le sugirió la Junta, generar recursos que permitieran la autofinanciación, con el patrimonio (la sede de Alfonso Peña, un local, una plaza de garaje y un coche) o aumentando del 2 al 6% la tasa de pastos.