Las 330 familias que viven en las viviendas sometidas al proyecto del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Los Bloques tendrán sus hogares a punto durante el primer trimestre del próximo año, según los cálculos que maneja el concejal de Obras del Ayuntamiento de la capital, Manuel Hernández. Aunque su adjudicataria confiaba en concluir los trabajos antes de finiquitar el ejercicio en curso, "esto sería posible si se siguiera el ritmo de facturación de los meses de verano, pero con la situación meteorológica actual los tiempos son diferentes y todavía quedan actuaciones por ejecutar", reconoce el edil del equipo de Gobierno municipal.

Las obras se encuentran en torno al 75% de la inversión global del proyecto, a juzgar por las liquidaciones realizadas hasta el momento. En la actualidad el Ayuntamiento ha certificado más de tres millones de euros y falta todavía en torno a otro millón, según los cálculos de la concejalía de Obras.

El montaje de los ascensores está ya a punto de concluir, con todos ellos instalados a excepción de dos, pendientes de una modificación. La obra principal que queda por delante es la relativa a la urbanización, en la que se invertirán alrededor de 400.000 euros.

Durante todo el periodo de ejecución de las obras, los vecinos de los bloques de viviendas Ramiro Ledesma y Martín Álvarez han reclamado las irregularidades que han ido detectado desde que arrancaron los trabajos. En este sentido, el grupo Martín Álvarez ha remitido un escrito al Ayuntamiento en el que recogen una recopilación de las deficiencias detectadas a consecuencia de las obras. No obstante y, según los técnicos, "el 70% de esas quejas ya está solucionado o se está resolviendo", subraya el concejal del área. La mayoría de ellas, van encaminadas a los remates, sobre todo, en ventanas. Otras, sin embargo, "tienen más enjundia ya que hay vecinos que quieren ir más allá de lo que contemplaba el proyecto", reconoce.

Las obras arrancaron de manera oficial en noviembre de 2012 para modernizar las dos edificaciones, construidas en los años 50 y que presentaban importantes deficiencias, trabas en la accesibilidad y habitabilidad, elevados costes de climatización y problemas en las redes de abastecimiento y saneamiento, además de haber perdido su uniformidad estética.

El proyecto es uno de los ejemplos de colaboración financiera entre instituciones. Está impulsado por el Ayuntamiento de Zamora, pero se desarrolla en el marco del convenio de colaboración firmado entre la institución municipal, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de fomento. Las tres administraciones públicas aportan más del 80% del coste de la intervención y los propietarios, el porcentaje restante.