El anteproyecto de ley de medidas financieras de 2015 del Sacyl, donde se especifica que aquellos sanitarios que tengan que atender varios núcleos de población se desplacen "preferiblemente con su vehículo particular" ha provocado un rechazo de estos profesionales, que defienden que "debe ser la Administración quien facilite este transporte", según aseguró Nieves Turiel, médico de Atención Primaria. "No pueden pretender que pongamos a su servicio patrimonio personal", añadió.
Desde el sindicato UGT, Jerónimo Cantuche calculó en más de 200 profesionales que trabajan como médicos y enfermeros en Atención Primaria los afectados por esta nueva medida en la provincia.
