El Ayuntamiento barajó ceder los terrenos para el proyecto Smartza por convenio a las empresas y organismos públicos que llevan a cabo la investigación. La posibilidad se barajó en una reunión mantenida en julio entre miembros del consistorio y las empresas impulsoras de la iniciativa. A la cita acudieron, según fuentes municipales, representantes del Ciemat, Universidad de Salamanca, Fundación Cartif, Inzamac, Ideas TX, ICCA y Cofely, la empresa investigada en el marco de la Operación Púnica. "En ningún caso", aclaran desde el Ayuntamiento, "se trató de un encuentro bilateral con Cofely", algo que aseguraba Francisco Guarido, de Izquierda Unida.
A la reunión acudieron el concejal de obras, Manuel Hernández, y varios técnicos municipales -cuatro según IU y nueve, entre ellos expertos jurídicos, según fuentes municipales-, así como representantes del conglomerado de empresas y entes públicos que llevaban a cabo el proyecto Smartza. Concretado el barrio de la ciudad donde desarrollar el proyecto "era el momento de encontrar la forma en la que el Ayuntamiento podría colaborar con la idea para la construcción del demostrador" en el que aplicar los resultados de la investigación. A estos efectos el Ciemat "remitió borradores de distintos convenios como punto de partida para un posible acuerdo de colaboración".
Guarido asegura que el equipo de gobierno municipal "insistió con vehemencia en convencer a los técnicos", que no eran partidarios de ceder la parcela por convenio, "diciéndoles que en muchos ayuntamientos de Madrid se estaban realizando convenios con Cofely para darles las obras de los proyectos energéticos". El Ayuntamiento dice que esto es "rotundamente falso" porque "no se utilizaron ejemplos de adjudicaciones en otros ayuntamientos y sí convenios entre instituciones públicas y privadas dentro de la ley que sirve de base al programa Innpacto", el impulsado por el Ministerio de Economía para estos asuntos.
Ante la negativa de los técnicos el equipo de gobierno pidió "sugerencias y alternativas, ya que se trata de un proyecto importante para la ciudad, pionero y con proyección de futuro". Al tiempo, fuentes municipales afirman tener constancia de que el Ciemat estaba barajando llevarse el proyecto de investigación a otro municipio.
El representante de IU asegura que "Cofely pretendía el contrato de algo más de cuatro millones que correspondía exclusivamente al Ayuntamiento y a nadie más, en contra de lo que dice ahora la alcaldesa. En Madrid, son los ayuntamientos los que están adjudicando directamente estos contratos conocidos como concesiones demaniales". Fuentes municipales acusan a Guarido de "manipulación" por hacer estas afirmaciones y asegura que en el comunicado de IU se incluyen "falsas acusaciones y numerosas mentiras, cuyo único objetivo es confundir a la población".
La actuación, que finalmente ha quedado en nada pues no se llegó a firmar documento alguno, confirma algo "patente" a juicio de Guarido. "Que el PP del Ayuntamiento, seguramente siguiendo instrucciones de su partido, intentó aquí lo mismo que han hecho muchos ayuntamientos en Madrid que ahora se ven envueltos en una situación de corrupción".
Las empresas y organismos públicos promotores del proyecto "construirían una planta de energía a base de pellet y biomasa y venderían esa energía a las instalaciones públicas que rodearían la planta, la Ciudad Deportiva, la residencia Los Tres Árboles y los institutos", afirma Guarido. La inversión sería a cargo del conglomerado de empresas, quien "cobraría la energía a precio de mercado actual -a ellos les saldría más barata- para resarcirse de la inversión", zanja IU.
