Las grandes ciudades de Castilla y León y los municipios colindantes tendrán que acordar su crecimiento urbanístico, con el fin de lograr un desarrollo "compacto" y evitar conflictos entre ayuntamientos. Las 15 áreas funcionales que establece el modelo de ordenación territorial dispondrán de normas urbanísticas de coordinación que identificarán nuevos espacios, donde favorecer el asentamiento de población y la instalación de empresas, así como zonas "saturadas" que no admiten más actividad. Entre ellas está el espacio de ordenación territorial de Zamora capital y los 27 pueblos de su área funcional, que son Almaraz, Andavías, Arcenillas, Coreses, Entrala, La Hiniesta, Monfarracinos, Morales del Vino, Muelas del Pan, Palacios del Pan, El Perdigón, Pereruela, Roales, San Pedro de la Nave-Almendra, Valcabado, Villaralbo, Algodre, Casaseca de Campeán, Casaseca de las Chanas, Cazurra, Cubillos, Fresno de la Ribera, Madridanos, Molacillos, Moraleja del Vino, Peleas de Abajo y Villalazán.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha reforzado los mecanismos de coordinación urbanística de los municipios. Para ello, ha introducido cambios en la Ley de Urbanismo de Castilla y León (1995) mediante la nueva norma de medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, aprobada recientemente por las Cortes. El texto obliga a los municipios que conformen las áreas funcionales a dotarse de una planificación supramunicipal, con criterios más generales que los planes generales de ordenación urbana.

En ese sentido, el departamento de Antonio Silván pretende impulsar una nueva organización de los núcleos urbanos, basada en el acuerdo entre capitales y grandes poblaciones y el resto de municipios que conformarán el área funcional. De esta forma, el urbanismo se somete a los nuevos mapas territoriales, con el fin de favorecer un diseño urbano no fragmentado, con unas dotaciones racionales de servicios e infraestructuras de transporte y comunicación, según explicaron a Ical fuentes de la Consejería de Fomento.

La Junta tendrá que presentar un reglamento para determinar la fórmula y los plazos para que los municipios elaboren y aprueben las Normas Urbanísticas de Coordinación, una planificación, que según la Junta reducirá la recursos judiciales entre ayuntamientos y simplificará la implantación de industrias y espacios comerciales. También pretende reducir el coste de prestación de servicios y poner en valor los centros urbanos de las ciudades, acabando con el nacimiento de barrios "aislados".

Las normas urbanísticas de las áreas estables no sólo tendrán que coordinar y armonizar entre sí los desarrollos de la zona, sino también con la planificación sectorial y los instrumentos de ordenación de territorio. Además, deberán plantear y desarrollar estrategias comunes de regeneración y renovación urbana, así como fomentar un crecimiento "compacto".