Mi casa ya no es mía

Zamora fue uno de los lugares en los que la represión del bando rebelde fue más dura, en definitiva, donde más se fusiló. Muchos represaliados, muertos ya, sufrieron la segunda persecución, la incautación de todos sus bienes, "incluso los privativos de sus mujeres o sus padres, posesiones familiares que no se respetaban y pasaban a manos del Estado", explica el historiador Miguel Ángel Mateos, conocedor de primera mano de los relatos de los que vivieron la contienda.

Además de las vidas sesgadas, la guerra también cambió la configuración de la ciudad, que "heredó" unas posesiones que en algunos casos no han revertido a sus dueños.

La casa de Julio Ayuso Escudero, hombre de la burguesía moderna y republicano, era una de las más imponentes de la época. Hoy se encaja en el centro de la ciudad, entre el instituto Claudio Moyano y el Maestro Haedo, y acoge la delegación de Cultura de la Junta de Castilla y León. El cambio de manos privadas a propiedad pública se solucionó con una rápida incautación de la vivienda, de 256 metros cuadrados y tres plantas, una finca de 2.000, y un garaje en la calle San Pablo, donde tenía su negocio de venta de coches. "Era un hombre hecho a sí mismo y que abre una empresa nueva. Era del partido radical, pero moderado, coordinador de la masonería en Zamora y director general de Correos en Madrid. Toda una personalidad que sufrió las consecuencias de su ideología política", relata Mateos, que subraya cómo más tarde esa casa acogió la Jefatura Provincial del Movimiento, y su negocio se convierte en el garaje Rufino, "ya que el Estado se lo vende a un hombre muy vinculado a la Falange, Rufino Fernández".

El banco sufrió también los daños colaterales de este movimiento del franquismo, ya que la casa tenía una hipoteca en esos momentos.

En la capital la represión en forma de incautaciones fue escasa, no por poco afán expoliador, sino porque la riqueza no estaba precisamente en manos de la gente de izquierdas. Aun así, los que las tenían las perdieron, fueron señalados, perseguidos y muchos tuvieron que emigrar.

El nuevo edificio de la Diputación, las antiguas "arcadas" de la plaza de Viriato, no siempre han sido suelo público. Ahí vivían los Galarza hasta que el régimen franquista incautó la vivienda, aunque el dueño, Ángel Galarza Vidal, era un estadista reputado, un hombre de derechas, liberal, monárquico, e incluso amante de "la Chata", la hija de la reina Isabel II. Pero su hijo era de izquierdas, y eso bastó para justificar la usurpación. De hecho Ángel Galarza Gago, el hijo, era algo más que un hombre republicano y socialista. De amplia formación jurídica, desempeñó de fiscal general del Estado y el de ministro con Largo Caballero.

El Ayuntamiento se incautó de la casa familiar, imponente, con un pequeño huerto salpicado de árboles frutales en la parte trasera, y lugar de reunión de grandes personalidades, como Manuel Azaña, que visitó de forma privada varias veces a la familia. Se utilizó después como almacén, y allí se guardaron las gigantillas. Más tarde el Ayuntamiento lo cambió con la Diputación, a la que pertenece en la actualidad.

A partir del año 1945, al final de la II Guerra Mundial y en un clima en el que comenzaban a triunfar las democracias europeas, los antiguos propietarios comenzaron a reclamar la devolución de lo expropiado. Fue el caso de los herederos de los Galarza, que ganaron el pleito, "pero no quisieron cobrar, solo demostrar que la propiedad era suya y poner de manifiesto el gesto feudal y anacrónico que era la incautación", sostiene el historiador, que pone de manifiesto el hecho de que el padre muriera en una prisión militar al final de la guerra, "sin haber hecho absolutamente nada más que aconsejarle a su hijo".

La Casa del Pueblo, la sede de los socialistas, corrió la misma suerte. Se ubicaba donde se alza hoy el colegio Gonzalo de Berceo, próximo al parque de San Martín. Aunque sus primeros moradores quemaron y destruyeron gran parte de lo allí se guardaba, el régimen utilizó los muchos documentos que allí quedaron para saber quién era afiliado.

A esta gente de izquierdas, del mundo obrero, de UGT o de la burguesía, no solo les privaban de sus bienes. Se les congelaban las cuentas del banco, se les priva de su medio de vida, se les expedienta y se les mata, "sin juicio ni requisito". Muchos funcionarios quedaron sin empleo y sueldo y apartados de sus profesiones.

El periódico del momento, La Tarde, también sufrió las consecuencias del cambio ideológico del Gobierno. Todo el material y la moderna maquinaria del diario que dirigía Galarza, cuya sede estaba en la actual calle de Los Herreros, se utilizó para el periódico nuevo, El Imperio.

Con estas posesiones se quedó el Estado de forma definitiva, aunque la apropiación afectó a una quincena más de zamoranos, que pagaron con sus bienes, sin perjuicio de hacerlo con su vida, pensar de forma distinta a los que mandaban.

Al oficial mayor de la Diputación Arturo Alonso Santos le quitaron sus casas, como a Julián Rueda Hernández, que tenía en la calle Renova la más importante y a Aurelio Mato o el médico José Antonio Crespo Garrote. A Rufino Barba Luis le quitaron hasta las fincas que eran de su mujer, así como la ferretería "La llave", que pertenecía también a la familia de los Crespo, una situación que vivió así mismo la esposa de Lorenzo Almaraz de Pedro, que se vio privada de sus posesiones por asimilación con su marido. De la misma manera, los archivos guardan el caso de José Iglesias López, al que le incautaron propiedades que incluso había vendido antes de guerra, algunas de ellas también a nombre de su mujer. A Isaac Vega Paniagua le expropiaron cuando ya lo habían fusilado, igual que a Manuel Antón Martín, "un hombre que había participado en la rebelión de Asturias, dio el paso al socialismo, pero era un hombre muy moderado, había sido gestor de la panera social, que se dedicaba a vender y a prestar trigo a los labradores pobres como una institución perteneciente a la iglesia", señala Mateos.

Félix Valbuena, perteneciente a la alta burguesía y rico harineros de Benavente, había roto con Unión Republicana antes de la guerra, pero aun así le impusieron una multa de 10.000 pesetas. Un diputado ganaba unas mil pesetas al mes, por lo que la cantidad era muy abultada para la época. A Higinio Merino le incautaron la joyería-relojería que regentaba en la calle Renova y al dentista José Martín Huerta, todos los bienes para desempeñar su profesión? "en los archivos aparece todo inventariado, el lavabo, el perchero, la escupidera? y después lo mataron". La droguería de Julián Rueda Hernández corrió la misma suerte, así como todo el género del que disponía en ese momento. Este zamorano perteneciente a la burguesía moderada estaba casado con una maestra a la que retiraron del cargo, y aunque salvó la vida, "lo pasó muy mal durante los años de la contienda", relata el historiador. A la familia de Amparo Barayón, mujer del novelista Ramón J. Sender, le incautaron también los bienes, a pesar de ser ellos conservadores, y la herencia, no solo de Amparo, sino de cuatro hermanos más.

Al médico de la Diputación, Felipe Anciones, le arrebataron su casa y los muebles que acababa de comprar, y que aún no había pagado, una situación similar a la que se encontró el jefe de Cartería de Zamora, José Iglesias López.

Historias personales que ponen nombre y apellidos a los que se vieron envueltos en una guerra con sus propios vecinos, "una manera de conocer la intrahistoria y no solo las cifras de muertos o represaliados", concluye Mateos, que tiene entre manos la elaboración de un libro sobre la contienda y sus protagonistas en Zamora. "Que al menos sirva para que no vuelva a ocurrir".