Siete desahucios diarios se producen en Castilla y León, según los últimos datos de los que disponen las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de la región, que se reunieron ayer en Zamora para coordinar acciones, sobre todo ante la Junta de Castilla y León y lograr una mayor protección de las familias, con medidas como la potenciación del alquiler social.

En la reunión, celebrada en el salón de actos del edificio de sindicatos cedido a los organizadores por UGT, se dieron cita representantes de las Plataformas PAH y los grupos Stop Desahucios de Ávila, Salamanca, León, Ponferrada, Valladolid, Segovia, Burgos, Aranda de Duero y Zamora. Precisamente fue Zamora la anfitriona debido a que mañana, lunes, será juzgado un destacado miembro de la Plataforma, a quien el fiscal pide penas de un año de cárcel por coacciones y nueve meses por resistencia a la autoridad. La portavoz de la Plataforma zamorana, Mena Martins, explicó que se trata de una de las primeras protestas del movimiento zamorano, ante una oficina de Bankia hace más de dos años en petición de la condonación de la deuda de una familia que había perdido la casa y había sido desahuciada. «No vemos ningún motivo para esas acusaciones, no se sostienen porque ni hubo resistencia cuando le pidieron que se identificara ni hubo coacciones que impidieran la libertad de los demás. Es claramente un juicio político tras el de Chechu, de hace apenas un mes y demuestra una creciente subida en la represión que se viene haciendo contra los que nos atrevemos a alzar la voz frente al golpe de estado financiero. Apelamos a la ciudadanía a que acuda el lunes a las 11.30 estén frente a los juzgados donde haremos una concentración de apoyo al compañero para el que pedimos absolución total».

El representante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Burgos indicó que en el encuentro de Zamora las organizaciones de la región han elaborado un documento de mínimos que presentarán a mediados de mes ante la opinión pública para piedra a la Junta que «tome cartas en defensa de los ciudadanos que estos momentos se encuentran al borde de la exclusión social». Para este portavoz, Antonio (no quiso dar su apellido) la idea de que la crisis está pasando «es absolutamente falsa» y los casos de desahucios van a más: «Cada día hay más ciudadanos que involuntariamente dejan de pagar la hipoteca porque no tienen dinero». La finalización de las percepciones por desempleo y los recortes en este campo están empeorando la situación. Mientras tanto, la Junta ni tiene un parque de viviendas a disposición de los desalojados ni desarrolla otras políticas activas más generales, como el fomento del alquiler social que funciona en Europa.

«La Junta tiene un servicio integral de ayuda a las familias con riesgo de desahucio que es absolutamente ineficaz, porque trata a las familias como expedientes. Llega una familia y hace un informe y un expediente, pero ni siquiera negocian con los bancos, es una política nula». El Código de buenas prácticas bancarias «tiene una aplicación muy limitada. Lo que se está notando más es las sentencias judiciales tras el varapalo de los tribunales europeos a la ley de hipotecaria española. Los jueces aplican siempre soluciones más justas de lo que viene en la legislación, procuran apurar la más mínima interpretación a favor de los afectados, en la mayoría de las situaciones. De hecho la situación está cambiando a golpe de sentencias».

El portavoz de la Plataforma de Aranda de Duero, por su parte, explicó que las hipotecas de las viviendas que se compraron el pleno «boom» inmobiliario son «imposibles de pagar». Reivindicó que en Castilla y León y en España se fomente el alquiler social, que funciona en Europa y la Junta aplique los mínimos que le proponen las Plataformas de Afectados «porque hay mucha gente al borde de la desesperación». Sin embargo constató que «todavía la gente tiene miedo a que se conozca su problema. Los bancos se aprovechan de la timidez de la ciudadanía para aplicar medidas que creen que son ganancias para ellos, sin tener en cuenta unos derechos sociales que tenemos a nivel internacional, como es que no se puede echar a nadie de su propia vivienda». Además, dijo, los bancos no sólo se quedan con la casa hipotecada, sino la del «papá o el abuelo» que actuaron como avalistas: «Los bancos, con una vivienda se quieren llevar dos».