Un vecino de Zamora compra un piso usado en la calle Diego de Losada por 55.000 euros y, como consecuencia, debería pagar 4.400 euros a la Junta de Castilla y León en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre y cuanto no exista el derecho a ningún beneficio fiscal. Pues bien, la cantidad a pagar en concepto de impuesto, a entender de la Junta de Castilla y León debe ser, y de hecho acaba por serlo, más alta porque la administración valora el mismo inmueble en más de 90.000 euros. En este caso, el impuesto superaría los 7.300 euros, una diferencia de unos 3.000 a la que acaba por hacer frente el comprador.

Este caso, real, es uno de los muchos que se dan en la capital cuando una persona compra un piso de segunda mano, ya sea al banco o a un particular. Así lo relata el secretario de la Cámara de Propiedad Urbana de Zamora, Salvador Prieto, que asegura que la administración está recaudando más impuestos de los que en realidad debería si se tuviera en cuenta, «como tendría que ser», el precio que se ha pagado por la vivienda.

La situación se deriva de que la Consejería de Hacienda no baja realmente al terreno para corroborar el valor del inmueble en cuestión -a no ser que se solicite-, si no lo elabora partiendo de una serie de tablas estadísticas en las que se divide la ciudad en zonas y las zonas en calles, en las que se otorga al piso un valor con la base de si tiene o no ascensor, calefacción o un mínimo de un baño por cada sesenta metros cuadrados. Sin embargo, defiende la Cámara de Propiedad Urbana de Zamora, para valorar un inmueble de la forma más justa posible es necesario conocerlo pues, entre otras cosas, la Junta no tiene en cuenta la distribución del piso, su estado real o si está o no reformado. La Consejería desconoce también si el comprador ha rebajado el precio del piso ante la imposibilidad de venderlo al precio inicial.

«Hacienda ha intentado corregirlo en los últimos años», aclara Prieto, «pero el mercado inmobiliario es ahora tan volátil y cambia a un ritmo tan rápido» que las valoraciones de Hacienda se convierten en una operación de «laboratorio» puramente dicha.

Hacienda se agarra al valor que considera «real» pero la Cámara de Propiedad considera que este es el que tiene en el mercado, no el que resulta cuando se mezclan varios datos sin tener en cuenta las particularidades singulares de cada propiedad.

Esta circunstancia, la de pagar más impuestos de los que corresponden en realidad, se da «con todo tipo de compradores» pero tienen una especial importancia las viviendas que llegan desde los bancos o directamente del llamado «banco malo». Estos últimos están casi «obligados» a rebajar el precio de los inmuebles que poseen para «deshacerse de ellos lo antes posible». Los particulares, aunque también rebajan «y el valor que da la Junta» a estos pisos «es también superior al de mercado», destaca Prieto, registran menos diferencias entre el precio de mercado y el valor del inmueble a juicio de la administración.

Aunque siempre habrá casos en los que el valor «oficial» se corresponda con el «real», el de mercado, lo cierto es que estas situaciones pueden dar lugar a auténticos «abusos». La única salida, ante el silencio administrativo que suele imponerse en estos casos, es acudir a los juzgados. El tema no es reciente y los tribunales de todo el país, también los de Castilla y León, cuentan con abundante jurisprudencia al respecto. De hecho, la Sala de lo Contencioso de Castilla y León ya avisó en el año 2010 de que el ciudadano está en una «evidente situación de indefensión» en este aspecto concreto de la recaudación tributaria.

«Es una batalla perdida, el mercado cambia más rápido que los cánones establecidos »

«El fenómeno se da principalmente con los inmuebles que vienen de los bancos»

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Secretario de la Cámara de Propiedad Urbana de Zamora.