El contrato de alquiler del Banco de España es considerado por el interventor municipal como «abusivo» y «lesivo para las arcas municipales» ya que es el arrendador quien se tiene que hacer cargo tanto de los impuestos y las tasas así como de gran parte del coste de las obras para convertirlo en la nueva sede de la Policía Municipal, ya que el Estado aportará hasta un máximo de 346.000 euros. El arquitecto municipal valora las obras que se tienen que realizar en 762.790 euros, lo que significa que el Ayuntamiento debería poner como mínimo el resto, es decir 416.790 euros.

Con estos datos, el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Guarido, calcula que el Ayuntamiento tendrá que aportar 168.000 euros al año al Estado durante los diez años que dura este contrato, «ya que además de la renta de alquiler anual de 90.000 euros se unen el resto de conceptos», explica. Así, además de las mencionadas obras habría que añadir los impuestos y tasas. «Eso significa que el Ayuntamiento ya no cobrará al Estado los 18.000 euros de IBI al año que estaba pagando el Banco de España. Y hay que añadir los gastos derivados de la obra, en concreto el impuesto de construcciones y la licencia, que supondrían unos 26.000 euros de una sola vez», apunta Guarido.

Por todo ello, desde IU se considera que «el Estado no ha sido generoso con el Ayuntamiento y se deshace de un muerto al que no le daba salida con la mala imagen de un edificio sin uso. El Ayuntamiento le quita el problema, le arregla el edificio, se lo mantiene y realiza las obras».