«Cabezas y espinas» y «un fuerte olor a pescado», «a bacalao» en la sal que se tiraba en las carreteras en la campaña de invierno dieron la pista a los trabajadores de la UTE Zamora-Rionegro -adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento de las carreteras en Sanabria- sobre la procedencia del fundente: el desechado por secaderos de ese producto en Portugal. Este material de baja calidad, entre el que se llegaron a detectar «trozos de palé y de ladrillos», comenzó a suministrarse con la empresa Edype. Su creación se imputa a un empleado de la adjudicataria de la comarca sanabresa, según recoge el sumario del caso de fraude al Ministerio de Fomento que investiga la juez de Puebla, relativo al periodo de 2006-2011.

El delegado de obra y jefe de conservación de la UTE Zamora-Rionegro, cuyas iniciales son E.J.R.G., fue quien, según recogen las diligencias, «promovió la constitución de la empresa Edype con familiares -dos primos- con la finalidad de facturar» a la adjudicataria «una gran cantidad de sal», superior a «la que realmente traían los camiones» y que, «en muchos casos, duplicaba la adquirida por la empresa» Edype, según recogen las diligencias abiertas por la juez de Puebla de Sanabria. Un fundente de baja calidad que, «no se pesaba» cuando llegaba al centro de Rionegro, de acuerdo con los empleados de la UTE, y que finalmente pagaba la Unidad Provincial de Carreteras de Zamora, es decir, el Ministerio de Fomento.

Estas imputaciones que investiga el Juzgado de Puebla se basan en el testimonio de los propios empleados de la UTE y las pesquisas de la Guardia Civil, que afirman la existencia de «duplicados de albaranes y demás documentos contables», cotejados durante la instrucción con la «documentación intervenida a Edype y analizada por la Agencia Tributaria». La magistrada considera que «existen indicios de que, en función de su cargo, E.J.R.G., «pedía al personal administrativo que fotocopiara albaranes de recepción de sal, con el fin de efectuar duplicados y cambiar los conceptos, constando facturada una cantidad mayor de la real».

El amplísimo sumario, con más de 30.000 folios, cuyo secreto se levantó parcialmente el 10 de febrero, explica que no existía ningún control ni vigilancia sobre la sal que se descargaba, «el encargado podía estar por allí esporádicamente». En los partes de trabajo, en ocasiones, a los conductores de los quitanieves les indicaban qué cantidad de fundente debían anotar, llegara o no esa cuantía a la carretera.

Los testigos interrogados, primero en la Fiscalía y después por la juez, describieron como, «en la sal que se descargaba en las naves de Rionegro, se veían claramente restos de pescados, espinas, cabezas y que el olor que desprendía era como de bacalao» y afirmaron que el fundente contaminado «provocaba atasques en las máquinas, se atascaban los saleros» de los camiones y «la planta de salmuera con mucha frecuencia, casi a diario». La causa era evidente: «la calidad de la sal no era como la de la que están usando ahora», con la adjudicataria Valoriza, aseguraron los trabajadores de la exconcesionaria UTE Zamora-Rionegro. «A veces tenían que parar el camión y el propio conductor desatascar», otras era imposible y resultaba preciso retirar el vehículo. Ante la negativa de tales acusaciones por parte del delgado de obra, que ingresó en prisión preventiva y quedó en libertad con cargos al abonar 5.000 euros de fianza, la imputación se sustenta, según la investigación judicial, en que tenía «más formación que sus primos», por lo que «resulta inverosímil que no tuviera ningún conocimiento, control e intervención en la actividad de la empresa».

Los vehículos utilizados por la UTE Zamora-Rionegro «eran muy viejos, no se estropeaban solo por la sal», declaró uno de los testigos que compareció ante la juez de Puebla de Sanabria, un conductor con mucha antigüedad en aquella adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento de la red nacional de carreteras de la comarca sanabresa. Especialmente, «los de equipos de sal, tenían multitud de averías». A preguntas efectuadas por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rafael de Vega Irañeta, y de la magistrada, el trabajador aseguró que desde que él entró a trabajar a la UTE «se compró un equipo de salmuera», entre 2005 y 2006, sin que se sustituyera ningún vehículo durante todo el periodo, aproximadamente desde 2004 hasta 2001, año este último en el Ministerio de Fomento adjudicó el servicio a Valoriza.

A esta circunstancia, que supondría el incumplimiento de las condiciones del contrato con el Ministerio, agregan algunos empleados que «las máquinas quitanieves eran usadas para otros trabajos, fuera de la etapa de viabilidad invernal», es decir, cuando no se utilizaban para despejar las carreteras de hielo y nieve. Se destinaban a tareas que se realizan en la propia carretera, como «llevar piedras, tierra o lo que fuera», indicó un empleado.