Las contrataciones directas efectuadas desde los ayuntamientos de Villardiegua y Gamones a la empresa Pordomingo, propiedad del constructor José María Pordomingo, imputado en la causa judicial abierta, «se ajustaron a la legalidad y siguieron el trámite administrativo correspondiente» al tratarse de obras con un coste inferior a los 50.000 euros y, por tanto, susceptibles de adjudicar sin tener que pasar por el sistema de concurso público, declararon ayer ambos regidores, Silvestre Antonio Fernando y Laureano Lorenzo Ramos.

En cuanto al motivo por el que el citado empresario ha recibido obras de forma reiterada, los regidores declararon que «es un empresario que ha hecho mucha obra civil en la zona» de Sayago, «con un prestigio, que siempre ha respondido cuando era necesario realizar algún remate y lo ha hecho sin cobrar». En el caso del Ayuntamiento de Villardiegua, esa empresa «siempre ha tenido el mismo un porcentaje de licitaciones», replicó el alcalde, Antonio Fernando, según explicó el letrado de Pordomingo, Miguel Ángel Martín Anero al concluir el interrogatorio en la sede judicial.

Con tales argumento se defendieron los dos regidores de ambas poblaciones, que ayer comparecieron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la capital para defenderse de la imputación de la Fiscalía Provincial de un «delito continuado de prevaricación» por las constantes contrataciones a la empresa Pordomingo S.L. y por otro de «negociación prohibidas a funcionarios».

Por lo que respecta al posible trato de favor otorgado a la empresa Cosmos Sayago S.L., propiedad de Pordomingo y del diputado provincial de Mancomunidades y alcalde de Villadepera, José Isidro Isidro, el regidor de Gamones admitió haberle adjudicado la obra del cementerio municipal, aunque también dentro de la legalidad, sostuvo mientras negó haber trabajado en esa obra y manifestó no reconocerse en las fotografías adjuntadas con la denuncia, en las que la acusación sostiene que aparece el mandatario municipal.

Además, el regidor de Gamones afirmó que «se llamó por teléfono a otras dos empresas» para que presentaran sus ofertas a este proyecto, «porque no era necesario sacar a concurso público su adjudicación», y no se presentó ninguna. Al ser preguntado sobre los contratos a familiares con cargo a las arcas municipales, Laureano Lorenzo justificó que estaban apuntados a la bolsa de empleo municipal y que, por la escasa población con edad de trabajar, de no contratar a esas personas, tendría que haber recurrido «a parados» empadronados en «otros pueblos». Otras veces, sin embargo, «se han sorteado los empleos porque había más aspirantes que puestos», apunto el letrado.

Dentro de esta misma causa, imputado por los mismos delitos, ya declaró el 21 de marzo el diputado provincial de Mancomunidades y alcalde de Villadepera, José Isidro Isidro. En el procedimiento judicial está también acusado de esas mismas infracciones penales el teniente de alcalde de Villardiegua, Marcos Fernando Pablo; y de «tráfico de influencias» el empresario Pordomingo.