La capital acoge 101 viviendas consideradas «ruinosas», 320 en un estado calificado como «malo» y 1.831 deficientes. La gran mayoría, casi 30.000, presentan un buen estado de conservación, según los datos del censo de viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El estudio cataloga como ruinosos aquellos edificios en los que ya existe una declaración de ruina o, por el contrario, están en vías de tramitación o se encuentran apuntalados. El calificativo de «malo» se lo otorga a las construcciones donde existen grietas acusadas, abombamientos en fachadas o en muros, hundimientos o falta de horizontalidad en techos o suelos. En lo que se refiere a edificios «deficientes», el observatorio municipal recién puesto en marcha en la página web del Ayuntamiento de Zamora toma como referencia aquellos que presentan peldaños de escaleras muy desgastados, bajadas de lluvia o evacuación de aguas residuales en mal estado, humedades en la parta baja del edificio o tejado así como filtraciones en la cubierta.
La Horta y el casco antiguo acaparan parte de esas viviendas en mal estado recogidas en los informes.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha abierto durante los dos últimos años 132 expedientes de restauración de la legalidad ante desprendimientos en edificios, fachadas en mal estado con riesgos potenciales para los peatones o inmuebles anejos así como necesidad de limpieza en solares. De esas 132 órdenes de ejecución tramitadas, una veintena no ha terminado de cerrarse desde 2012 mientras que 36 del último año continúan pendientes de ejecución. Los expedientes corresponden «a toda la ciudad», según especifica el concejal de Obras y Vivienda en el Ayuntamiento de Zamora, Manuel Hernández, si bien «buena parte de ellos se circunscriben a La Horta», añade el edil de Urbanismo, Feliciano Fernández.
Los trámites que sigue el Ayuntamiento a la hora de abrir un expediente de restauración de la legalidad es comunicar al propietario la orden de ejecución y ofrecer unos plazos que, en muchos casos, se incumplen. Para estas situaciones, la ley contempla la puesta en marcha de sanciones a los propietarios que incumplan los plazos para asumir su ejecución subsidiaria. No obstante, esta última actuación se lleva a cabo en contadas ocasiones y siempre y cuando «se trate de una acción urgente, dados los límites económicos del Ayuntamiento».
Una de las últimas órdenes de ejecución llevadas a cabo corresponde al edificio de García Casado, en la plaza de Sagasta. El Ayuntamiento ha ordenado la reposición de la legalidad ante algunos de los desprendimientos ratificados por la arquitecta municipal tras un informe de bomberos. Los titulares ya se han puesto en contacto con la institución local para iniciar los trabajos y restituir los elementos de la fachada conforme a lo establecido en los informes técnicos.
El último derrumbe de una vivienda habitada en la capital tuvo lugar hace casi tres años, en noviembre de 2011, cuando una casa ubicada en el barrio de La Lana cayó encima de su inquilina, una joven que vivía de alquiler. Por fortuna, los escombros solo le causaron contusiones en la cabeza y en un hombro. Este accidente puso de manifiesto la necesidad de impulsar la Inspección Técnica de Viviendas para pisos de más de 40 años.
