Recurrir una sentencia de un juzgado de primera instancia para que la revise la Audiencia Provincial supone, en los casos civiles, el pago de una tasa de 800 euros, según las nuevas tarifas que entraron en vigor hace justo un año, lo que ha motivado que se presenten un 36% menos de estas iniciativas en Zamora. Es uno de los datos expuestos ayer por el decano del Colegio de Abogados de Zamora, Norberto Martín-Anero Avedillo, durante la protesta protagonizada ayer por los letrados, respaldados también por algunos procuradores y jueces, entre ellos el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Brualla, contra las nuevas tasas implantadas hace ahora un año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
«Es alarmante la disminución de recursos de apelación civiles en los tres primeros trimestres del año pasado con relación a este», explicó el decano. El efecto disuasorio de las tasas no se ha dejado sentir tanto en la presentación de asuntos civiles en primera instancia, que sólo han caído un 3%, si bien en este caso puede haber un efecto distorsionador, el del alto número de casos generados por los preferentistas, tanto a través de abogados particulares como de la Asociación que les agrupa. Las subida de tasas se nota también cuando se miran los datos de los asuntos contencioso administrativos (los que se entablan con la Administración), que caído un 22%. «Estos números que parecen fríos, son pequeños dramas individuales que hay detrás. Son muchas personas de las clases más necesitadas que deberían acudir a la justicia pero no pueden hacerlo por la imposición de una tasa», indicó Martín-Anero.
«Todos los que participamos en la justicia estamos unidos y de acuerdo en que es una norma injusta y pedimos que la quiten, como se acaba de hacer el Francia», dijo el decano. Si un recurso de apelación cuesta 800 euros, irrecuperables aunque se gane el caso, iniciar un asunto civil ante el juzgado de primera instancia cuesta 300 euros más un 0,1% de las cantidades reclamadas. En este último caso, la tasa se considera parte de las costas, y según la sentencia, puede ser que se haga cargo de ella la parte que pierde.
Arropado por sus compañeros que portaban pancartas y pegatinas con los eslogan «No a las tasas. Justicia. Igualdad para todos» y «Tasas no, justicia para todos», Martín Anero dio lectura al manifiesto contra las tasas judiciales elaborado a nivel nacional, que constataba como «los peores augurios» sobre la Ley de Tasas se han cumplido al año de su entrada en vigor. «La Ley ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva. Ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia. Nuestros jueces y magistrados han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El imprescindible conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a los juzgados y tribunales».
Los abogados entienden que con las tasas «no se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho. No se ha dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita. Y se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas».
Sin embargo, sí han tenido un efecto disuasorio para los ciudadanos. Además tampoco se ha logrado recaudar mucho más dinero: «La recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año» y además este importe tampoco se ha destinado a mejorar la asistencia jurídica gratuita.
Los abogados creen que en lugar de poner barreras económicas, donde hay que poner el foco es en transformar la actual justicia, que es obsoleta e ineficaz.
