Un matrimonio vecino de Montamarta y dos de sus yernos, que residen en la capital, se enfrentan a una pena de seis años y medio de prisión por un delito contra la salud pública de tráfico de drogas. A la petición de condena por parte de la Fiscalía se une una multa de 27.000 euros.

Según la acusación, los cuatro detenidos llevaban tiempo dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes entre los domicilios situados en la calle Las Llamas y Pablo Morillo. Mientras que el marido era el encargado de contactar con los proveedores, la venta de la droga se hacía por turnos, según las investigaciones, en ambas casas, tanto por su mujer, como por sus yernos y por sus hijas menores de edad. Estas últimas ya fueron juzgadas y condenadas por estos hechos en el Juzgado de Menores.

Agentes de la Policía Nacional estuvieron tiempo interviniendo llamadas telefónicas de los acusados y vigilando las dos viviendas para comprobar estas actividades, siendo intervenidos algunos consumidores después de la compra de las sustancias estupefacientes.

Tras las investigaciones se procedió en noviembre de 2010 a registrar estas viviendas, donde los agentes encontraron diversas cantidades de heroína, cocaína, hachís y cannabis, cuyo valor total en mercado ascendía a más de 9.000 euros. Junto a estas sustancias también se intervinieron balanzas de precisión, varios teléfonos móviles y utensilios usados habitualmente para el corte de la droga, además de casi 2.500 euros en efectivo.

Durante el juicio, los cuatro procesados negaron los hechos de los que eran acusados y aseguraron que eran las hijas del matrimonio, menores por aquel entonces, las que se encargaban de la venta al menudeo de la droga. Cuando la fiscal les mostró las grabaciones telefónicas que había realizado la Policía Nacional aseguraron que no reconocían esas voces como suyas. El matrimonio, además, confesó que apenas tenían relación con sus hijas desde que se habían casado con los otros dos acusados. «No tenemos que pagar como padres lo que hacen nuestras hijas», se defendieron.

Por su parte, uno de los yernos aseguró que, aunque era consumidor habitual de cannabis y cocaína, él tan solo se encontraba «de paso» cuando los agentes entraron a registrar el domicilio de la calle Las Llamas. De hecho, los propios policías reconocieron que el detenido estaba durmiendo en la habitación, mientras que en el salón se encontraba una de las menores con un cliente.

El cuarto acusado, que vivía en el domicilio de la calle Pablo Morillo, indicó que el dinero que se encontró en su vivienda lo había conseguido por la venta ambulante de ropa, actividad a la que se dedica, y que el cannabis encontraba era «para consumo propio».

En las conclusiones, la fiscal reiteró que era el marido quien contactaba con los proveedores y se encargaba de organizar los turnos de venta y que el matrimonio «estaba totalmente al tanto» de la actividad que llevaban a cabo sus hijas. Por su parte, el abogado de la defensa subrayó que ninguno de los testigos había nombrado al matrimonio en sus declaraciones y que los otros dos imputados habían reconocido que las escasas sustancias que se habían encontrado en las viviendas eran para consumo propio.