Alrededor de 7.800 edificios (4.500 de la capital, 1.500 de Benavente y 1.800 de Toro), construidos en 1972 y años anteriores tienen un año para pasar la inspección técnica de edificios que a partir de ahora es obligatoria, señaló ayer en la Delegación de la Junta en Zamora el director general de Vivienda, Ángel Marinero, quien mantuvo un encuentro con responsables de urbanismo de las tres principales localidades de la provincia, de momento las únicas afectadas por la medida. La Administración Regional trata de disipar dudas y coordinar las actuaciones de los distintos ayuntamientos, además de difundir la herramienta creada por el Instituto de la Construcción de Castilla y León para facilitar y homogeneizar las inspecciones en toda la región.

Se trata de un chequeo al estado general de los edificios con el fin de detectar «deficiencias que si se cogen a tiempo son fáciles de corregir, y ahorran futuras reparaciones mucho más costosas». Marinero declinó dar una cifra sobre lo que costarán las inspecciones a los vecinos, ya que los precios de los profesionales que las realizan «son libres», aunque aseguró que la competencia ha funcionado en aquellas ciudades donde están más desarrolladas las inspecciones. Y defendió que la realización de inspecciones es «beneficiosa» para los vecinos.

Aunque no es obligatoria, señaló la conveniencia de que la capital tenga una ordenanza específica para regular las inspecciones, de tal forma que se puedan concretar mejor las exigencias por distintos tipos de inmuebles, mientras que en el resto de localidades no se hace necesaria. Recalcó que la idea no es «perseguir» o «sancionar» a los incumplidores, sino llegar a un alto grado de cumplimiento de la obligación legal por la vía del convencimiento. En este sentido destacó la colaboración de los administradores de fincas para lograr el objetivo.

Marinero reconoció también que el plan urbanístico que pretendía desarrollar suelo para un millar de viviendas en la zona de La Aldehuela se encuentra en estos momentos «parado», aunque señaló que cuando haya necesidad sobre todo de vivienda social en un futuro será un instrumento importante para la ciudad.

El director general de Vivienda aseguró que la Junta de Castilla y León tiene en marcha un plan para atender las necesidades de familias desahuciadas en especial riesgo de exclusión. Dijo que este tipo de casos se gestionan a través de la Consejería de Familia, que busca el recurso más adecuado y reconoció que en pocas ocasiones se recurre al parque de viviendas de la Junta.