El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zamora, Francisco Guarido, se congratuló ayer de que la Audiencia Provincial «deje la puerta abierta a que pudiera haber habido prevaricación» en la firma del contrato que el exconcejal del PP Ángel Macías llevó a cabo con la empresa UFC para el alquiler con derecho a compra de un edificio municipal. Una posibilidad que apunta en el archivo de la querella interpuesta por el excargo popular contra responsables de IU. Y lo hace porque el propio Ayuntamiento de la capital planteó la lesividad del mismo, reconocido por el Juzgado Contencioso, agrega Guarido.

Ante el archivo definitivo de la querella por injurias y calumnias contra Guarido y el coordinador de IU por acusarle de estafa y prevaricación, el portavoz municipal se remite al párrafo del auto en el que se dice textualmente que «no hay afirmaciones objetivamente falsas, sin haberse contrastado, pues, como hemos dicho, el contrato fue declarado lesivo para los intereses del Ayuntamiento». Y ello aunque «en alguna ocasión se utilizaran términos (...) como estafa, si bien precedida de la presunta, y prevaricación, que tampoco era objetivamente falsa», puesto que «el acto administrativo de la firma ha sido lesivo con base en numerosas irregularidades administrativas».

En cuanto a la «posible lesión al honor» de Macías, el magistrado ponente, Pedro García Garzón, indica que «era necesaria, pues la libertad de expresión e información de los querellados (...) prevalecía frente al derecho al honor del querellante». El magistrado alude a que «uno como miembro de la Corporación Municipal y, el otro, como miembro de un partido político» tienen entre sus «obligaciones informar a los ciudadanos de Zamora sobre las posibles irregularidades del contrato en la firma del contrato». Guarido subraya que «el proceso de lesividad comienza su andadura después de que de IU presentara una moción de urgencia en septiembre de 2007 para que se realizaran los informes que demostraran que el contrato era contrario al interés público». Y recuerda que «el PP, viendo que la moción iba a salir adelante al estar en minoría, se apuntó al carro. Y a partir de ahí empezó la marcha atrás en esta operación». No olvida que UFC aún puede reclamar los daños y perjuicios sufridos por ello.