Maíllo insta al Gobierno a resolver el conflicto de competencias

El vicepresidente de la FEMP considera que la intervención de municipios de menos de 5.000 habitantes "debe ser algo absolutamente excepcional"

06.03.2013 | 17:19

El vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, afirmó hoy, en declaraciones a la agencia Ical, que el Gobierno de España “debe resolver” el conflicto de competencias entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales, como una de las principales dificultades existentes para sacar adelante la Ley de Bases que afecta a la reforma de la Administración Local.

“Hablo de un conflicto entre todas las comunidades autónomas y las corporaciones y no singularizo porque no me corresponde”, precisó, para añadir que la Junta y el resto de las comunidades "hacen alegaciones en el ejercicio de sus competencias, pero las nuestras las hacemos en el marco de nuestros representantes institucionales".

El presidente de la Diputación de Zamora también reconoció que algunas de esas alegaciones pueden ser coincidentes, pero en el de las competencias va a haber divergencias. "Hay una gran distancia con las corporaciones locales que tendrá que resolver el Gobierno”, agregó.

El aspecto de las competencias en educación es uno de los principales puntos de fricción entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales, además de las detectadas en las áreas de sanidad y servicios sociales. “El mantenimiento de los colegios es claramente una competencia autonómica y la educación y sanidad tienen que serlo desde el principio hasta el final”, indicó Maíllo, quien reiteró la idea expresada hace casi tres semanas, cuando participó en la Junta de Portavoces y en la Junta de Gobierno de la FEMP para analizar el borrador de la Ley en cuestión.

“Ante la presión de todas las comunidades autónomas, ese aspecto no figura en el último texto, cuando sí figuró antes, de manera que seguimos siendo financiadores de esos servicios públicos cuando creemos que no deberíamos serlo”, manifestó.

Martínez Maíllo hizo estas declaraciones tras asistir en Madrid a la Junta de Gobierno y al Consejo Territorial de la FEMP, reunida para “extender” un bloque de alegaciones orientado a “intentar mejorar” el texto de la Ley de Bases “desde la unidad de todos los partidos, lo que es muy importante”.

La Federación Española de Municipios y Provincias formulará las alegaciones al texto de la ley, que serán presentadas a finales de este mes al Gobierno de España para que sean abordadas en el marco de la Comisión Local de Administración Local. “En términos generales, estamos de acuerdo pero mantenemos una discrepancia seria en educación, sanidad y servicios sociales, porque creemos que son competencias que deben prestar las propias comunidades autónomas”, insistió Maíllo.

En cuanto a la intervención en los municipios de menos de 5.000 habitantes, el vicepresidente de la FEMP recalcó que la Ley de Estabilidad Presupuestaria “ya fija” esa posibilidad. “Debe desaparecer del texto porque no aporta nada nuevo. Debe ser algo absolutamente excepcional, como última opción, cuando no hay otra posibilidad”, sentenció. Asimismo, la FEMP reiteró su petición de “que se aclare” la forma en la que se van a definir los estándares de calidad.

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