El fiscal de Zamora ha dado traslado al Juzgado de una denuncia contra el alcalde de Rábano de Aliste, el socialista Antonio Faúndez Arribas y el concejal del mismo Ayuntamiento y diputado provincial por el PSOE, Enerino Luis Gago, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros. La denuncia fue presentada el pasado mes de junio por los concejales del PP del citado municipio sobre la observación de presuntas irregularidades, hasta quince, que fueron después objeto de investigación por unidades especiales de la Guardia Civil. Rábano de Aliste, integrado por las pedanías de San Mamed, Sejas y Tola, tiene menos de 500 habitantes

Las investigaciones practicadas durante la fase preliminar, según la documentación a la que tuvo acceso este diario, apuntan a que se produjeron, presuntamente, «pagos de sueldos de modo irregular a concejales del Ayuntamiento con el beneplácito del alcalde» y se apunta especialmente al caso de Enerino Luis Gago, que habría percibido sueldo como concejal liberado y también como trabajador contratado del Ayuntamiento de Rábano en calidad de «alto directivo». El informe remitido a Fiscalía por la Guardia Civil afirma que «durante las legislaturas comprendidas entre el 2003 y 2007, así como 2007-2011», con Antonio Faúndez como alcalde, «se formalizaron contratos de trabajo al amparo de una decisión totalmente discrecional, arbitraria y personal con cargo a los fondos municipales, supuestamente con ausencia de cualquier tipo de expediente y procedimiento administrativo al margen de la legalidad establecida para la provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública, a varios concejales, uno de ellos» el mencionado Enerino Luis, además del también edil Juan Manuel Caballero.

En ambos casos se trataba de concejales liberados y que, por tanto, percibían honorarios del Ayuntamiento por sus cargos. El también diputado provincial, siempre según el informe elaborado por la Fiscalía a partir de la investigación de los hechos denunciados, estuvo contratado como administrativo y en diciembre del pasado año aún figuraba en un puesto de «alta dirección».

Otros contratos se hicieron con cargo a la convocatoria del Servicio Público de Empleo, subvencionada por la Junta de Castilla y León. En la convocatoria de 2007 se establece expresamente que «no serán subvencionables las contrataciones realizadas con personas que sean miembros de alguna corporación local», quedando por tanto totalmente prohibida la contratación de concejales. A pesar de ello, en agosto de 2007 el concejal Juan Manuel Caballero Fernández fue contratado como peón dentro del programa de ayudas del Ecyl para trabajadores desempleados.

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León en Valladolid informó que tal hecho suponía una posible incompatibilidad, salvo que el Pleno valorara y decidiera lo contrario, una vez evaluada la situación. Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento de Rábano, Delfín Rodríguez, que declaró ante el fiscal durante la investigación preliminar de los hechos, aseguró que tanto la corporación de concejales como el alcalde tenían conocimiento de la posible irregularidad, lo que habría sido también reflejado en acta. Por estos hechos, el fiscal deduce «la posible comisión de un delito de prevaricación y subsidiariamente de un delito de malversación de caudales públicos cometidos por los denunciados».

La malversación de caudales públicos se extendería también al uso indebido de los teléfonos móviles propiedad del Ayuntamiento para llamadas particulares a destinos con tarifas con recargo tanto por parte de Enerino Luis como por parte del alcalde, Antonio Faúndez Rivas, muchas ellas fuera del horario laboral y sin justificación por sus cargos. En el informe de la investigación aparecen acreditadas llamadas a concursos de televisión, líneas eróticas, «descargas de todo tipo por Internet, así como la reiteración de llamadas» a países como Rumanía, Francia, Italia, Túnez, Rusia o Austria.

El testimonio prestado por el secretario municipal establece que el sobrecoste en gasto telefónico fue detectado en las cuentas del Ayuntamiento de Rábano de Aliste y que él mismo «había expuesto que se debería controlar el gasto, a lo que se hizo caso omiso». Durante la toma de declaración, al secretario se le preguntó si existía algún tipo de relación laboral entre el Ayuntamiento de la localidad alistana y los países de destino de las conferencias, «a lo que el secretario respondió rotundamente que era inexistente». La mayoría de los mensajes también fueron enviados en horarios no laborables. La actuación de la fiscalía se ha trasladado ya al juzgado de instrucción de Zamora «por tener los hechos objeto del presente procedimiento el carácter de los delitos» de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, «y sin perjuicio» de que la investigación que se realice por parte del juez se puedan concretar la comisión de nuevos delitos. En el Juzgado ya está depositada la contabilidad del Ayuntamiento, así como toda la documentación remitida por la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil.