Adicae considera que el acuerdo alcanzado entre los dos grandes partidos del panorama nacional, por el que se creará una comisión para analizar los casos de venta de preferentes, «no amplía las condiciones del arbitraje» y entiende que las familias afectadas por la comercialización de estos productos «están siendo tratadas como accionistas de manera injusta».

La asociación defiende que la comisión «no será más que un filtro posterior al asesor privado contratado por las entidades financieras» y resalta que «tan solo constatará si la selección se ha realizado según los criterios establecidos por la entidad». El presidente de Adicae, Manuel Pardos, aseguró que en esta polémica «manda la banca, los asesores financieros y los auditores». «Son ellos los que deciden que usuarios pueden acudir al arbitraje», señala.

Adicae considera que es una fórmula «discriminatoria» que «desvirtúa el carácter universal del arbitraje de consumo» y aboga por un «arbitraje colectivo formado por un consejo arbitral».